En una reciente declaración, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que el Gobierno implementará un aumento en el salario mínimo de $156.000 en diciembre a $180.000 en febrero. Aunque el incremento busca mejorar los ingresos, se proyecta que este experimentará una pérdida del 8,6% en comparación con la inflación acumulada.
Este ajuste, que representa un aumento del 30% respecto a diciembre, queda rezagado frente a las expectativas inflacionarias. Con un índice del 20,6% en enero y un pronóstico del 18% para febrero por parte del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación acumulada hasta la fecha ya se sitúa en torno al 38,6%, superando por 8,6 puntos el aumento salarial de este mes.
El desequilibrio evidencia un deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo en los dos primeros meses del año. La canasta de pobreza para una familia tipo superó los $596.823,18 en enero de acuerdo a datos del Indec. La realidad económica refleja un panorama preocupante para quienes perciben el SMVM, sumado al eventual cobro del salario familiar por hijo.
Es evidente que, incluso con estos ingresos, resulta difícil cubrir las necesidades básicas contempladas por la Ley de Contrato de Trabajo. El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) destaca que el poder adquisitivo del salario mínimo ha experimentado una tendencia negativa desde 2011, con una caída del 45% en 2023.
A pesar de la necesidad de ajustar periódicamente el salario mínimo según las variaciones del costo de vida, la realidad económica actual evidencia una desconexión entre las actualizaciones y la inflación creciente. Este anuncio de aumento, que inicialmente buscaba mejorar las condiciones de los trabajadores, pone de manifiesto la urgencia de abordar la brecha entre los incrementos salariales y el costo de vida.
Este escenario plantea un desafío crítico en la capacidad de este ingreso para satisfacer las necesidades básicas y garantizar condiciones dignas de vida, generando incertidumbre sobre la efectividad de las políticas salariales implementadas. La desconexión entre las actualizaciones salariales y la escalada inflacionaria destaca la necesidad urgente de medidas que aborden la disparidad.
