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POLÍTICA

Privatización de empresas estatales: el punto clave que el Gobierno nacional quiere ganar en el Congreso

El Gobierno necesita que el Congreso le delegue la posibilidad de pedir deuda extranjera y privatizar empresas estatales sin pedir permiso.

Javier Milei

La tan esperada «Ley de Bases» propuesta por el presidente Javier Milei, destinada a sentar nuevos cimientos en diversos aspectos fundamentales para la nación, se encuentra en una encrucijada en la Cámara de Diputados del Congreso. El Gobierno nacional ha retirado el paquete fiscal que constituía el corazón de la iniciativa, llevando la atención a los puntos cruciales que aún permanecen en pie y que generan agitación en el recinto.

Con las facultades delegadas como nuevo eje central del proyecto, el oficialismo se enfrenta a la ardua tarea de defenderlas no solo frente al kirchnerismo, que las rechaza de plano, sino también ante diputados «dialoguistas» que amenazan con no concederlas. En el bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Pichetto, se ha manifestado una negativa anticipada, con la Coalición Cívica, socialistas y radicales, sumados a esta postura. Este rechazo podría poner en riesgo la aprobación del artículo durante la votación en particular.

El proyecto otorga al Poder Ejecutivo facultades legislativas para resolver diversas materias sin necesidad de aval del Congreso, abarcando ámbitos económicos, financieros, fiscales, de seguridad, tarifarios, energéticos y administrativos por un año y prorrogable por uno adicional. Aunque el Gobierno pretendía una extensión de cuatro años, los límites impuestos por varios bloques obligaron a una retirada.

Las privatizaciones también se perfilan como un punto crítico, ya que el bloque libertario, respaldado únicamente por el PRO, carece de los votos necesarios para aprobar sin modificaciones la propuesta de privatizar 36 empresas públicas y sociedades del Estado. Radicales y Hacemos Coalición Federal buscan modificar este artículo, recordando la experiencia de las privatizaciones durante la década de 1990 y exigiendo un mayor control del Congreso en estos procesos.

El destino del impuesto PAIS, ubicado como el tercer gravamen de mayor recaudación nacional, sigue generando fricciones. Gobernadores de la oposición dialoguista expresan su malestar por la falta de inclusión en la discusión sobre la recaudación de este tributo, y se especula con la posibilidad de que el impuesto sea coparticipado entre las provincias.

La Ley Ómnibus sigue en debate y el mercado espera con ansias la aprobación

Los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de restricciones para tomar deuda en moneda extranjera también generan controversia. La propuesta busca derogar ciertos límites establecidos durante el gobierno anterior, lo que enfrenta críticas de todos los bloques, excepto Pro. Si estos artículos se pierden o se ven recortados, la oposición habrá logrado imponer límites al gobierno actual.

La sesión, que inicialmente buscaba aprobar la ley en un día, ayer entró en un cuarto intermedio de 14 horas debido a la falta de mayoría para las facultades delegadas y las privatizaciones. El reloj avanza, y el destino de la Ley Ómnibus aún está en juego.

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