Desde el ascenso de Javier Milei al poder, se ha observado un notable descrecimiento de la obra pública a cargo del Estado nacional en toda la Argentina. Los datos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas indican que más de 2.000 proyectos han dejado de recibir financiamiento desde fines de 2023 hasta el primer bimestre de 2024.
Este descenso se traduce en una disminución del 87.6%, evidenciando una marcada reducción en la ejecución de obras respaldadas por fondos nacionales. Este cambio en la política de gasto se ha reflejado en una caída del 82.3% en las transferencias de capital hasta febrero, de acuerdo al informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
El ajuste en la obra pública ha sido una de las estrategias clave del gobierno de Milei para lograr un superávit financiero en los primeros meses de su mandato. Esta medida, alineada con las políticas económicas propuestas por Milei, ha generado un cambio significativo en el panorama de las inversiones públicas.
La priorización de proyectos estratégicos, centrados en áreas como la seguridad vial y el control de inundaciones, ha sido destacada por fuentes gubernamentales. Sin embargo, este enfoque selectivo ha llevado a la suspensión de numerosas obras de menor envergadura. La eliminación del Ministerio de Infraestructura y la transferencia de responsabilidades a otros organismos, como el Ministerio de Economía, reflejan un cambio radical en la estructura gubernamental y en la asignación de recursos para proyectos de infraestructura.
El Gobierno de Milei puso en duda la continuidad del gasoducto Néstor Kirchner
A pesar del declive en la inversión pública, algunas iniciativas estratégicas, como la reversión del Gasoducto del Norte, continúan avanzando. Sin embargo, el futuro de proyectos clave como la ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner permanece incierto, con poca información disponible sobre su progreso.
El ajuste en el gasto público también se ha sentido en otros sectores, como las transferencias a las provincias y los programas de empleo. El impacto de estas medidas se ha reflejado en aumentos significativos en las tarifas de servicios públicos y en la reducción de subsidios energéticos y de transporte.
En definitiva, el gobierno de Milei ha adoptado una postura de austeridad extrema en cuanto a la obra pública y el gasto estatal en general, priorizando la búsqueda de superávit financiero sobre la inversión en infraestructura y programas sociales. Este enfoque ha generado controversia y preocupación entre diversos sectores de la sociedad argentina.
