La líder de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, cumplió ayer 3.000 días de detención en Jujuy por los delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión. La Red Internacional por la Libertad de Sala, compuesta por ciudadanos de Argentina, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza, han pedido por su libertad. Desde el 2022 cumple la condena en un domicilio ubicado en el barrio jujeño, Cuyaya, debido a su estado delicado de salud.
Sala fue arrestada en enero de 2016 y condenada a 13 años de prisión, cuando La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena al conocerse el desvío de millones de pesos que recibió del Estado y que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales en Jujuy. A pesar de la condena, es posible que Sala cumpla el resto de la condena en su casa debido a su estado de salud.
En enero de 2023, la organización envió una carta al entonces presidente Alberto Fernández, poco antes de cumplirse el séptimo aniversario de la detención. En la carta, firmada por diputados y senadores de 14 países, expresaron su esperanza en que Fernández utilizara el indulto para facilitar la liberación inmediata, pero no sucedió.
Además, se destacó el importante apoyo internacional que había recibido, incluyendo el respaldo de líderes como el presidente brasileño Lula da Silva, así como los presidentes de Canadá, Justin Trudeau, y Venezuela, Nicolás Maduro, junto con los expresidentes Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador.
Hoy se llevará a cabo una caravana federal que partirá desde diversas provincias hacia La Plata. El punto de encuentro en la Ciudad de Buenos Aires será a las 13:00 en las calles San José y México, lugar donde se encuentra la sede de la organización Túpac Amaru. Se anima a todos a unirse al recorrido y a compartir fotos y carteles en las redes sociales.
La causa judicial contra Milagro Sala
Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en el contexto de una protesta que encabezó frente al entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, exigiendo mejoras en las condiciones de vida de los habitantes de viviendas sociales construidas por su organización, la Túpac Amaru. En un primer momento, fue acusada de instigación a cometer delitos y tumultos en relación con esta protesta.
Posteriormente, se le han imputado diversos cargos adicionales, incluyendo asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Las autoridades judiciales y fiscales a cargo de la causa argumentan que Sala y su organización desviaron fondos destinados a programas sociales para enriquecimiento personal y para financiar actividades políticas.
Durante el proceso judicial, se verificó que se desviaron más de 60 millones de pesos de fondos estatales. Estos fondos fueron cobrados por cooperativas con el propósito de construir viviendas sociales entre los años 2011 y 2015, pero estas viviendas nunca se llegaron a construir.
La justicia de la provincia de Jujuy determinó que Milagro Sala lideró una asociación delictiva entre los años 2013 y 2015, operando desde la organización Túpac Amaru. Esta organización experimentó un aumento significativo de fondos y miembros durante los gobiernos kirchneristas. El tribunal jujeño que sentenció a Sala también la declaró culpable de extorsionar a los miembros de otras cooperativas para obtener los fondos que recibían del Estado, los cuales terminaban en manos de Sala y sus colaboradores.
