El Gobierno de Javier Milei avanza en la aplicación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría y esto podría impactar en los bolsillos de más de un millón de trabajadores. Milei, quien ha instado a los gobernadores a considerar la reimposición del impuesto como una medida para solventar las dificultades financieras de las provincias a cambio de la aprobación de la Ley Ómnibus 2.
De acuerdo a las proyecciones realizadas por el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, cerca de 1,1 millones de personas volverían a pagar el el tributo que fue eliminado por el Congreso en octubre pasado. El informe también destaca que, gracias a una ley impulsada por Massa en octubre de 2023, se había logrado reducir la presión fiscal sobre los trabajadores y simplificar la liquidación del impuesto.
Sin embargo, el nuevo proyecto gubernamental revertiría estos avances, volviendo al esquema anterior y afectando a un gran número de personas que actualmente no pagan Ganancias. Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la eliminación del impuesto cedular a los altos ingresos, lo que implicaría que más de un millón de trabajadores que actualmente están exentos de Ganancias volverían a tributar.
Además, se plantea una actualización del mínimo no imponible y las escalas del impuesto cada tres meses por inflación, a partir de enero de 2025, lo que podría llevar a que más trabajadores se vean afectados en el futuro próximo. Ante esta situación, la discusión en el Congreso promete ser intensa, con sindicatos y partidos de la oposición expresando su rechazo al proyecto y advirtiendo sobre sus posibles consecuencias para los trabajadores y la economía en general.
¿Cuántos ingresos le genera al Estado la incorporación del impuesto a las Ganancias?
Volver a aprobar el tributo representaría un importante ingreso para el Estado, proyectado en alrededor de $2 billones, equivalente al 0,4% del PBI. En promedio, cada trabajador pagaría anualmente alrededor de $1.800.000, lo que equivale a $150.000 mensuales.
El impacto del proyecto se extendería a lo largo y ancho del país, afectando a trabajadores de todas las provincias. Según una proyección por provincia, se estima que Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, y Santa Fe serían algunas de las más afectadas en términos de cantidad de trabajadores que comenzarían a pagar el impuesto.
