El presupuesto asignado por el Gobierno de Javier Milei a las universidades públicas para el 2024 ha alcanzado niveles históricamente bajos con una caída interanual del 34,4% durante el primer trimestre de este año. Esto refleja un escenario económico preocupante para las instituciones educativas superiores que dependen del Estado nacional.
De acuerdo a un informe reciente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la situación se agrava aún más debido a la decisión del Gobierno de prorrogar el presupuesto del año anterior, lo que ha implicado una reducción del 72% en términos reales para la partida destinada al «Desarrollo de la Educación Superior».
Esta medida de mantener el mismo presupuesto del 2023 para este año se produce en un contexto de fuerte inflación, que ha alcanzado un alarmante 287,9% interanual en marzo, lo que agudiza aún más la precaria situación financiera de las universidades. Durante el primer trimestre de 2024, el gobierno nacional ejecutó un 30% menos del gasto total en términos reales en comparación con el mismo período del año anterior.
El estancamiento en la ejecución de programas esenciales como el de infraestructura universitaria ha generado una preocupante parálisis que compromete gravemente el avance y la calidad de la educación superior en Argentina. La disminución en la ejecución presupuestaria ha resultado en una notable reducción de la participación de las políticas universitarias dentro del gasto total.
En comparación con el mismo período de 2023, donde estas políticas representaban el 3,7% del presupuesto total del Estado, en 2024 esta proporción disminuyó al 3,5%. Este declive evidencia una tendencia inquietante hacia una menor inversión en educación superior. Ante este desafiante panorama, se plantea la urgente necesidad de reexaminar y ajustar las políticas presupuestarias.
Reducción en las becas universitarias: otro golpe de la gestión de Milei a las universidades públicas
Esta reducción se refleja también en otros programas fundamentales, como becas PROGRESAR y programas de infraestructura universitaria, que han experimentado disminuciones del 46,9% y 98,9%, respectivamente, durante el mismo período.
Se destaca en el informe la reducción del 31,6% en la asistencia financiera para el pago de salarios docentes y autoridades superiores, así como del 28,3% en la asistencia financiera para el pago de salarios del personal no docente. Otros programas también han experimentado disminuciones alarmantes, como la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, que cayó un 59,4%, y la promoción de carreras estratégicas, que disminuyó un 33,4%.
