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POLÍTICA

Tiemblan en la TV Pública y Aerolíneas Argentinas: la aprobación de la Ley de Bases implicará la privatización total

El Gobierno quiere dar de baja dos empresas que fueron una bandera del kirchnerismo durante más de 10 años.

TV Pública




Dentro de la Ley de Bases que se discute en el Congreso está el ambicioso plan de privatizaciones propuesto por el Gobierno que ha sido drásticamente reducido con respecto a la primera propuesta en febrero. De las 41 empresas originalmente propuestas, solo unas pocas permanecen en la lista de ser privatizadas, entre las que se destaca la emblemática Aerolíneas Argentinas.

Tras negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, se llegó a un acuerdo sobre las empresas sujetas a privatización en el marco de la discusión de la Ley de Bases y el paquete fiscal impulsado por el presidente Javier Milei. En el dictamen final solo quedan 4 compañías en esa condición, mientras que otras 5 podrán ser concedidas en concesión con una intervención estatal mayoritaria.

Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de bandera nacional, ha sido incluida en la lista de empresas a privatizar. También figuran Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado e Intercargo SAU. En una decisión de última hora, se excluyó al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización.

Las empresas que serán semiestatales

Por otro lado, empresas como Agua y Saneamientos Argentina (AYSA), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales S.A. estarán sujetas a privatización parcial o concesión.

Además, dos empresas tendrán un régimen particular según lo dispuesto en el dictamen de mayoría. Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) serán objeto de un programa de propiedad participada, donde el Estado mantendrá control o participación mayoritaria en el capital social.

Estas modificaciones incluyen nuevas condiciones de transparencia en las privatizaciones y la obligación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de publicar un informe previo a la licitación, entre otros requisitos.

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