El juez federal Sebastián Casanello ha citado a indagatoria a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, junto a otros dirigentes sociales, bajo la acusación de administración fraudulenta de los fondos del programa Potenciar Trabajo. La citación surge tras sospechas de que se utilizó «facturación apócrifa» y se simularon «gastos no concretados» para desviar una parte significativa de los fondos recibidos del Estado.
Casanello planteó que «lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria». De acuerdo a datos de la agencia NA, esta investigación se originó a partir de denuncias de beneficiarios del Potenciar Trabajo que alegaron ser obligados a participar en marchas y a entregar un porcentaje de sus ingresos a la organización para conservar sus planes.
El juez ha ordenado a Belliboni y otros 22 dirigentes del Polo Obrero y de las cooperativas Agustín Tosco y Caminos de Tiza presentarse a declarar. Aunque estas dos últimas agrupaciones no enfrentan cargos por administración fraudulenta, sí están acusadas de extorsión y amenazas contra los beneficiarios de los planes sociales.
La citación a Belliboni está relacionada con su rol en la firma de convenios con el Estado y la rendición de cuentas del Polo Obrero como «unidad de gestión» del programa Potenciar Trabajo, que buscaba la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad.
Los citados deberán presentarse ante la justicia el 25 de junio. La investigación judicial apunta a esclarecer el uso indebido de fondos públicos que deberían haber sido destinados a proyectos productivos y de inclusión social, pero que según las pruebas preliminares, fueron desviados para fines partidarios y privados.
El juez federal también arrinconó al Gobierno para que acelere la entrega de alimentos
En un paralelo desarrollo, el juez Casanello, en otra causa, ha ordenado al Ministerio de Capital Humano presentar un informe sobre el «stock» actual de alimentos almacenados y elaborar un plan inmediato de distribución, en respuesta a las demoras en la entrega de alimentos a los comedores.
El Gobierno ha admitido que alrededor de 5.000 toneladas de alimentos adquiridos durante la gestión anterior permanecen en depósitos del Ministerio como reserva para emergencias, lo cual ha generado críticas y demandas de una distribución más eficiente y transparente.
