El juez federal Sebastián Casanello dispuso este miércoles preventivamente la inhibición de bienes de los investigados por presuntas irregularidades en la administración de planes sociales y comedores populares por parte de organizaciones sociales. Por otra parte, el director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, ratificó que “la mayoría de los comedores no existieron nunca”, al referirse a las denuncias por la ausencia de esos establecimientos en determinadas locaciones.
La del juez Casanello se trata de una medida provisoria, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, después de que la Cámara Federal ordenara que se realizaran los allanamientos de las últimas horas. Casanello también dispuso concretar una medida de prueba que ya había dispuesto previo a que la Cámara dispusiera los allanamientos: pidió al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) informes sobre el control que ejerce respecto de los fondos y alimentos enviados a las organizaciones.
La medida involucra a 28 personas y comedores que dependen de cooperativas administradas por el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Entre los inhibidos aparece Jeremías Cantero, sobre quien el gobierno de Javier Milei apuntó especialmente como supuesto responsable de las defraudaciones y presiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones.
En cuanto al funcionario de Seguridad y la inexistencia de comedores, indicó que “donde decían que había un comedor había un country”, y añadió que “esto es el principio de algo muy grande”. Asimismo, señaló que “actualmente hay más de 140 mil denuncias telefónicas, donde dicen que los amenazan con sacarles los planes sociales”. “Las denuncias están diciendo la cantidad de miles de millones de pesos que se están mandando, es una realidad comprobada y no una opinión”, expresó Soto.
En declaraciones a Radio Splendid, ratificó que el objetivo es que “esto se investigue y que la justicia avance”, habida cuenta que se secuestraron diversos elementos que respaldarían la veracidad de las denuncias. Las autoridades realizaron 27 allanamientos y secuestraron en los últimos días pendrives, computadoras y teléfonos celulares, cuyos contenidos son de vital importancia para esclarecer los hechos.
