El Gobierno nacional decidió remover a Rosana Lodovico (exfuncionaria massista) del cargo como titular de la Aduana y nombró a Eduardo Mallea, un reconocido especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. El desplazamiento de Lodovico también se produce en un contexto de controversia, luego de que fuera denunciada por recibir un préstamo de 250 mil dólares de la empresa Promarlon S.A., acusada de contrabando.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó la remoción de Lodovico y su remplazo por Mallea mediante un comunicado oficial. Este cambio forma parte de un plan más amplio para «profesionalizar, modernizar y despolitizar la Aduana». La directora de AFIP, Florencia Misrahi, expresó que Mallea fue convocado para aportar su vasta experiencia y conocimiento en el sector, destacando su trayectoria desde 2012 como uno de los principales abogados en la materia.
Perfil del nuevo director
Mallea es abogado y socio del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja, lidera el departamento de Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Además de su carrera legal, es un apasionado del arte, actuando como vicepresidente de la Fundación arteBA desde 2021. Su enfoque profesional y su compromiso con el desarrollo técnico del organismo buscan fortalecer la transparencia y eficiencia en la Aduana.
Con su nombramiento, el Gobierno busca asegurar una gestión más transparente y eficaz, alejándose de las prácticas cuestionables que han generado desconfianza en la administración aduanera. Este cambio no solo busca también restaurar la confianza pública en un organismo clave para el control del comercio exterior y la protección de la economía nacional.
Controversias en la gestión anterior
La controversia se centra en un préstamo privado de 250 mil dólares que Lodovico y su exmarido, Luis Antonio Bocassi, jefe de Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana, recibieron de la empresa Promarlon S.A., la cual está bajo sospecha de contrabando y lavado de activos. El hecho fue denunciado por la diputada nacional de la Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli.
Según la denuncia, este préstamo se destinó a la compra de una casa de vacaciones en Canning mientras Lodovico ocupaba el cargo de jefa en la Aduana. ampagnoli subrayó que Promarlon S.A. no está habilitada para otorgar préstamos según sus estatutos. La empresa había sido beneficiada recientemente con una moratoria para saldar deudas por operaciones internacionales no declaradas adecuadamente, lo que coincide temporalmente con la concesión del préstamo a Lodovico.
La denuncia no solo incluye a Lodovico y su exmarido, sino también a Alejandro Omar Lucano, identificado como su cuñado, y a Claudio Gabriel Szlaien, presidente de Promarlon S.A. Todos ellos habrían estado involucrados en las transacciones financieras cuestionadas.
El préstamo fue otorgado en un momento crítico cuando Promarlon S.A. estaba cerrando una causa por contrabando y lavado de activos. Campagnoli argumenta que la Aduana, bajo la dirección de Lodovico, otorgó facilidades indebidas a la empresa en cuestión, permitiéndole pagar sus deudas en cómodas cuotas y evitando una condena.
La denuncia presentada por Campagnoli quedó registrada con el número 1686/2024 y está siendo investigada por el juez federal Ariel Lijo. La investigación busca esclarecer si hubo un intercambio de favores indebido y si Lodovico pagó el préstamo, así como las condiciones y la cotización del dólar en que se realizó el pago.
