A mediados de este mes, al intendente del partido bonaerense de La Matanza, Fernando Espinoza, lo procesaron por presunto abuso sexual simple y por entorpecer a la Justicia violando una perimetral contra su víctima. Mientras se desarrolla esa investigación, otra denuncia amenaza con resurgir del olvido y podría reabrirse. Se trata de un expediente impulsado por la exdiputada nacional Elisa Carrió.
‘Lilita’ llevó a Espinoza a la Justicia en 2017, cuando Cambiemos era Gobierno tanto a nivel nacional como a nivel provincial en Buenos Aires. Acompañada por sus diputados nacionales de la Coalición Cívica, ese año, Carrió recibió una documentación con escuchas legales a las altas esferas de la cúpula de la Policía de La Matanza que lo vinculaban a Fernando Espinoza, según NA.
No obstante, la denuncia de Carrió pasó desapercibida en medio de escándalos por la ‘Ruta del dinero K’, la detención del exvicepresidente Amado Boudou, y los imputados colaboradores que amenazaban con hablar ante los tribunales porteños de Comodoro Py. Espinoza logró tapar una grave denuncia judicial de Carrió por “posible asociación ilícita, usurpación de autoridad, violación de deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito”.
La hipótesis de la denuncia es que existía un sistema de recaudación ilegal que se constituía utilizando recursos y atribuciones de los funcionarios municipales que reportaban directamente al polémico Espinoza, a quien ya varios de su palo le soltaron la mano luego de trascender la reciente denuncia por presunto abuso sexual. Los negocios llegaban directamente al crimen organizado, según el periodista Luis Gasulla.
Carrió contaba con escuchas legales y con un testigo dentro de la organización criminal. En el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 de Morón se sorprendían con la cantidad de información. Estaban bajo el radar de la Justicia el secretario de Protección Ciudadana de La Matanza, Carlos Orsingher; el comisario Daniel Barraza; el jefe de la Policía departamental, Enrique Sobrero; y el supuesto líder la organización, Espinoza.
El punto C de la denuncia que investigó la Justicia de Morón contra el jefe comunal se titula “Relación Espinoza –Orsingher –Salazar”. Allí se asegura que en un sumario interno policial, “un testigo de identidad reservada se presenta bajo el programa de que Salazar era quien manejaba la asignación de horas adicionales en La Matanza”.
En febrero de 2016, se produjo un secuestro extorsivo realizado por seis delincuentes que utilizaron un móvil oficial perteneciente a la policía local. La víctima tenía vínculos con el tráfico de drogas. No quería pagar la coima a la policía matancera. El civil que reconoció que realizaba tareas para la policía de La Matanza se llamaba Mario Mauricio Puñales. Lo dijo en declaración judicial, en la indagatoria que le tomaron en el juzgado Nº 3 de Morón.
Por último, Carrió exigía que se investigue el patrimonio personal del jefe de Gabinete, el procesado por abuso sexual simple, Fernando Espinoza. Hablaba de 56 cajas de ahorro en bancos de todo tipo. Antes de meterse en política, en 2001, Espinoza ofició de remisero. La causa judicial en la que está procesado asoma con reabrir viejas investigaciones sobre su patrimonio personal, sus vínculos con la Policía Bonaerense y con el crimen organizado.
