Con la ‘Ley de Bases’ ya aprobada tras meses de engorrosas negaciones, la Cámara de Diputados retoma su propia agenda y uno de los temas que vuelven a discutirse es el de la reducción de la jornada laboral. La comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical Martín Tetaz, citó para el martes entrante a una reunión informativa desde las 11.00 para darle continuidad a este debate que busca modificar la Ley 11.524, vigente desde 1929.
Para este encuentro está prevista una nueva ronda de invitados con especialistas para analizar los distintos proyectos presentados por Unión por la Patria (UxP), la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente de Izquierda (FIT)y el socialismo santafesino. En la última reunión, que se llevó adelante el pasado 6 de junio, contrastaron sus miradas abogados laboralistas, empresarios y representantes de organizaciones sindicales.
La normativa vigente desde hace casi un siglo establece jornadas laborales de un máximo de 48 horas y hasta nueve horas por día. Se trata de una de las cargas horarias más exigentes de América Latina y el mundo. En muchos países de la región y también en otros continentes se pudo avanzar en los últimos años con reformas que acortaron la jornada laboral, con argumentos como la posibilidad de ampliar el mercado formal de trabajo y la cantidad de trabajadores, la reducción del estrés laboral, un mejor balance entre la vida personal y la laboral, y una mejora del rendimiento y la productividad.
Esta es la tercera vez que el Congreso aborda la propuesta de reducir la jornada laboral ya que en 2015 tuvo dictamen. Sin embargo, nunca se trató en el recinto de Diputados y el año pasado se devolvió a debatir estas iniciativas en diferentes reuniones informativas donde participaron autoridades nacionales, provinciales, organizaciones sindicales y empresarias.
Dentro de los textos impulsados por UxP, está el del diputado nacional Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las ocho horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.
En tanto, el diputado nacional Sergio Palazzo -secretario general de La Bancaria- propone que la jornada laboral tenga un máximo de ocho horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana. Los proyectos de Eduardo Valdés (UxP), Nicolás Del Caño (FIT) y la exdiputada Claudia Ormachea (Frente de Todos) pretenden días laborales de seis o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza (Frente Renovador) y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.
A su vez, es parte del temario el proyecto de Vanesa Siley (UxP) que establece el derecho a la “desconexión digital” referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.
Del mismo modo, se analizará un proyecto de Palazzo para modificar el artículo 19 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 que implementa indemnizaciones en los casos de despidos cuando no se cumple el plazo de preaviso. Esto ya lo aprobó Diputados en 2014, pero no se trató en el Senado, por lo cual perdió estado parlamentario.
Por su parte, desde la UCR impulsaron un proyecto de Tetaz y otro de Julio Cobos. La iniciativa presentada por el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo ya se había tratado por el mismo cuerpo en los períodos 2015 y 2023, pero finalmente nunca tuvo despacho. Este nuevo texto unifica ambos proyectos.
Así las cosas, el proyecto presentado por Tetaz propone la creación del régimen optativo “Jornada Laboral Alternativa” que permite que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad. Establece, además, que se experimente a modo de prueba durante el plazo de entre tres y seis meses.
Mientras que el proyecto de Cobos impone la efectivización de las propinas a través de pagos con tarjeta de crédito y de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico. Del mismo modo, le exige al Banco Central generar las normas para la rápida implementación a efectos de que cada cliente pueda incluir las propinas en el pago del servicio prestado o el producto vendido.
