En respuesta a las recientes denuncias del gobierno y la retención de 5.000 toneladas de alimentos, las organizaciones sociales planean intensificar sus manifestaciones esta semana. El jueves, instalarán una carpa «contra el hambre» frente al Congreso, exigiendo la distribución de la mercadería retenida y la reanudación del abastecimiento a comedores y merenderos, interrumpido desde diciembre.
Líderes de la UTEP, grupos de izquierda y otras organizaciones se reunirán este lunes para coordinar movilizaciones. Desde Territorios en Lucha, que incluye a movimientos como Libres del Sur y el Frente Popular Darío Santillán, anunciaron la instalación de la carpa y una concentración el día del tratamiento de la Ley de Bases en el Senado.
Las organizaciones rechazan las acusaciones gubernamentales de irregularidades en los comedores. Silvia Saravia, de Libres del Sur, señaló que han cumplido con las auditorías solicitadas y critica la falta de comunicación por parte del gobierno. «Seguimos teniendo visitas a los comedores y ya pasamos toda la información que nos pidieron, pero no sabemos qué van a hacer», afirmó.
Juan Grabois, quien denunció la falta de abastecimiento en febrero, exigió la reactivación inmediata de la entrega de alimentos. «Déjense de joder con mentiras, comunicados y soberbia. Presenten un plan de distribución y restituyan los programas de alimentos», escribió en sus redes sociales.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, también expresó su preocupación por la falta de continuidad en el abastecimiento y cuestionó la transparencia de las compras gubernamentales. «No tenemos ninguna novedad, la comida sigue sin aparecer. El problema es cómo le dan continuidad ¿Tienen la licitación para el mes que viene?», planteó.
El caso judicial contra Belliboni
Belliboni será indagado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita por presuntas irregularidades en la facturación del programa Potenciar Trabajo. «Tenemos los elementos y las facturas que le rendimos al Estado, que previamente pasaron por la AFIP. ¿Cuál es el delito?», se defendió, rechazando las denuncias sobre los comedores.
Silvia Saravia de Barrios de Pie criticó lo que considera una persecución hacia los movimientos sociales. «La política pública debe ser transparente. Si hay irregularidades, tiene que avanzar la Justicia. Pero no hay en el gobierno una idea de auditar para transparentar, sino para estigmatizar y criminalizar a las organizaciones», sostuvo.
Alejandro Gramajo, titular de la UTEP, confirmó que continuarán con la agenda de alimentos y la denuncia presentada por Grabois. «Estamos enfocados en la denuncia que hicimos a través de Juan y el amparo que presentamos», declaró, sin planes de protesta adicionales a la vista. La tensión entre las organizaciones sociales y el gobierno aumenta, con ambas partes en conflicto por la gestión y distribución de alimentos esenciales para los sectores más vulnerables.
