El dirigente del Partido Obrero (PO) Eduardo Belliboni aseveró este martes que van a “denunciar” el allanamiento, realizado este lunes en la sede central de la agrupación, por considerarlo “un acto de espionaje” donde “violaron la Ley de Partidos Políticos de la Constitución Nacional”. Además, el líder piquetero consideró que la Justicia ingresó sin una orden judicial.
Belliboni confirmó que llevarán el caso directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ya que la Justicia argentina no tiene ningún tipo de miramientos en violar la Constitución”. “Lo que mostraron no era una orden de allanamiento, sino contra la Editorial Rumbos, que no funciona, en el local central y legalmente establecido en Mitre 2162, y que la llevó adelante la Justicia donde se realizó un acto de espionaje”, indicó.
Este lunes, efectivos de la Policía Federal Argentina, enviados por el juzgado deferal de Sebastián Casanello, se hicieron presentes en el domicilio legal del Partido Obrero, en la Ciudad de Buenos Aires, y “se dedicaron a filmar todas las instalaciones de los distintos pisos e hicieron un croquis del lugar”, manifestó el líder del Partido Obrero en declaraciones a NA.
Los miembros del partido que estaban presentes les dijeron a los agentes que en ese establecimiento “no funcionaba la Editorial Rumbos”. Ante esa respuesta, los efectivos se comunicaron con la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita y decidieron que “iban a ingresar igual” e hicieron una revisión del lugar. “Como no tenemos nada que ocultar, no encontraron nada”, aseguró Belliboni.
“Es absolutamente arbitrario e ilegal allanar un local partidario sin orden, porque no tenían ninguna orden para allanar el Partido Obrero. Vamos a ir a todos los tribunales nacionales e internacionales a denunciar este atropello”, señaló el referente de Unidad Piquetera. Para Belliboni y los miembros del partido, lo que sucedió “es parte de una escalada de persecución política” porque ellos son parte de los sectores opositores que “rechazan el ajuste” del gobierno de Javier Milei.
“No sólo se trata de nuestro partido sino del conjunto de las libertades democráticas que este gobierno parece que no quiere respetar de ninguna manera. La ley represiva y antipiquetes, el protocolo y el propio Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que quiere prohibir el derecho a huelga, son todos antecedentes de una ofensiva que ahora se expresó de esta manera. Hoy es el local del Partido Obrero y mañana es de otro partido”, concluyó.
