Dos días después de los violentos incidentes en el centro porteño durante el debate de la Ley Bases, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló detalles de la conversación que mantuvo con el presidente Javier Milei en medio del operativo de seguridad.
Revelaciones de Patricia Bullrich
En declaraciones a TN, Bullrich explicó cómo fue el contacto con el presidente durante los disturbios. “En un momento, lo llamo al presidente y primero me dice que estaba haciendo el discurso que iba a dar esa tarde. Después me llama y me dice ‘vos contame lo que quieras pero confío en lo que estás haciendo y sé que tenemos que hacer’”, reveló la funcionaria, destacando la confianza que Milei depositó en su manejo de la situación.
Bullrich también subrayó la buena relación y el entendimiento que tiene con el mandatario, a pesar de la falta de un diálogo constante. “Es lo que muchas veces pasa, los presidentes hablan menos con las personas que vos te entendés de taquito en las cosas que tenés que hacer”, argumentó.
Comparación con 2017
En otro momento de la entrevista, Bullrich fue consultada sobre los incidentes ocurridos en el Congreso en 2017 durante la reforma previsional. Al respecto, fue contundente: «Aquella vez yo no estuve en el operativo. Me sacaron. Esa decisión la tomó la jefatura de gabinete», señaló, lanzando una crítica directa a Marcos Peña, quien era el jefe de gabinete de Mauricio Macri en ese entonces.
Denuncias por terrorismo
Paralelamente, el legislador porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, junto con los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, presentaron una denuncia contra las personas que participaron en los disturbios del miércoles en las inmediaciones del Congreso. La denuncia se fundamenta en la posible comisión de varios delitos, incluyendo «lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo».
Los denunciantes sostienen que, según lo normado por el artículo 41, «no puede ser descartado el agravante del terrorismo, dado el tenor de los hechos cuya investigación se solicita, y siendo manifiesta la intención de los involucrados de impedir el normal funcionamiento de un poder del Estado».
En la denuncia, también se solicitó investigar «las conductas típicas descriptas, a todos aquellos que hubieren financiado a las organizaciones participantes de la protesta violenta». Los denunciantes enfatizaron que «los hechos aquí denunciados revisten una gravedad institucional que amerita una enérgica y rápida intervención del Poder Judicial, que preserve para el presente y para el futuro de los argentinos, la posibilidad de que las instituciones de la República y la Democracia, funcionen sin ningún tipo de condicionamientos».
