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POLÍTICA

Por orden judicial: el Ministerio de Capital Humano distribuirá los alimentos que están por vencer

El Ministerio de Capital Humano accedió a repartir los alimentos, después de que la Justicia intimara al Gobierno.

Ministerio de Capital Humano

El Gobierno de Javier Milei arremetió este lunes contra el juez Sebastián Casanello, quien había ordenado la distribución de alimentos almacenados en dos depósitos en Buenos Aires y Tucumán. En respuesta, el equipo del Ministerio de Capital Humano anunció que la distribución de estos productos comenzará hoy, pero serán solo aquellos que están próximos a vencer.

Leila Gianni, subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, cuestionó duramente al magistrado. «No vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública», declaró Gianni en una entrevista con LN+.

Adorni confirmó el despliegue de los alimentos

Además, Gianni negó que los alimentos estuvieran vencidos y anticipó que mañana presentarán los argumentos con los cuales el gobierno apeló la medida cautelar dictada por Casanello. Por otro lado, durante la conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó el inicio de la distribución de alimentos, aclarando que solo se repartirán aquellos productos que están cerca de su fecha de vencimiento.

«Hoy se iniciaba la distribución, hoy salía el primer cargamento. Siempre en la lógica de los alimentos que tienen una fecha próxima de vencimiento», detalló Adorni. El vocero también enfatizó que los alimentos almacenados tenían destinos diferentes y no estaban destinados a programas de asistencia alimentaria.

«No se van a repartir los alimentos que están destinados a otros fines. El reparto de alimentos a comedores y personas vulnerables va por otra vía, por otro programa, por otro canal que nada tiene que ver con estos depósitos que se hicieron tan famosos en los últimos 10 días», explicó el economista, refiriéndose a los depósitos ubicados en Villa Martelli y Tafí Viejo.

La controversia surge en un contexto de tensiones crecientes entre el gobierno y las organizaciones sociales, que exigen la distribución de los alimentos retenidos y la transparencia en los programas de asistencia alimentaria.