El juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Cormick, estableció un periodo de 48 horas para que el Ministerio de Capital Humano informe su plan para distribuir los alimentos en su disposición. La resolución del juez responde al pedido de varias organizaciones sociales para que se reestablezca la repartición de alimentos a comedores o merenderos públicos.
El Ministerio de Capital Humano tiene 48 horas para explicar cómo está cumpliendo la medida cautelar que lo obligaba a entregar alimentos a los comedores y espacios comunitarios.
— CELS (@CELS_Argentina) July 22, 2024
Así se lo exigió el juzgado de feria.? pic.twitter.com/J1y13EJZ8n
En la resolución se detalló: «Visto lo manifestado y solicitado por la actora y el tercero interesado y, toda vez que la resolución dictada el 12/2024 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar en forma documentada y dentro de un plazo de 48 horas, haber cumplido con el ordenamiento: «Dispóngase que el Ministerio de Capital Humano no innove respecto a los planes y programas, los cuales deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna«.
En pocas palabras, la resolución de Cormick hizo referencia a la medida cautelar emitida por Walter Lara Correa. Correa había dado lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Fundación Isla Maciel, y las organizaciones Abogados por la Justicia Social, Fundeps y Amanecer de los Cartoneros. Estos grupos se presentaron a principios de año denunciando el cese de las entregas de alimentos a comedores populares.
«El Ministerio de Capital Humano no innove respecto a los programas enumerados en su presentación y los cuales afirmaron están vigentes. Ello, sin perjudicar las facultades del Poder Ejecutivo de continuar con la reestructuración, revisión y auditoría de la ejecución y/o creación de nuevos programas complementarios, siempre que estos signifiquen mejoras al sistema»
Luego de la presentación inicial y con la aprobación del juez Correa, el expediente se convirtió en un amparo colectivo para que otras organizaciones puedan formar parte de la demanda. Una de las investigaciones ligadas a la demanda de las organizaciones sociales es la liderada por Juan Grabois.
