Los países usuarios de la Hidrovía Paraguay-Paraná le solicitaron al gobierno nacional definiciones urgentes acerca de la gestión de la señalización y dragado del canal. Ya pasaron tres años esperando que Argentina avance con los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal de comunicación.
Además volvieron a poner sobre la mesa la discusión del peaje que Argentina implementó de manera unilateral, según precisó NA. De él aceptaron pagar el 70% provisoriamente hasta discutir un costo acorde a un servicio efectivamente prestado por la Argentina en el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”, “algo que actualmente no ocurre”.
Por último, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, manifestó la voluntad de acercar una propuesta que permita disponer de un servicio de gestión de la vía fluvial con información actualizada en tiempo real a través de una plataforma digital, lo que facilitaría la navegación en el tramo que une Santa Fé y la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay (Confluencia).
La expectativa de la CPTCP es poder alcanzar acuerdos con las autoridades argentinas para la implementación de este sistema de gestión del río que brinde beneficios reales de seguridad, eficiencia y confiabilidad a la vía fluvial, generando ahorros a las cargas por encima de los costos de gestión del sistema.
La CPTCP, entidad integrada por los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios Acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra”, está dispuesta a brindar toda la información técnica necesaria para contribuir a mejorar la navegabilidad en la Hidrovía Paraguay-Paraná.
El comunicado de la CPTCP hace un devenir del conflicto que cumple en este mes cuatro años. La administración de un recurso estratégico como este, “fue descuidada durante la presidencia de Alberto Fernández”, según lo definido por el organismo, mientras que debería haberse transformado en una prioridad en el ámbito de un gobierno que declama eficiencia en la gestión pública.
Un conflicto de hace años
En julio de 2021, por medio del decreto 427/2021, el entonces presidente Fernández procedió a otorgar a la Administración General de Puertos (AGP) la gestión de la señalización y dragado de la Hidrovía Paraguay-Paraná por un plazo de doce meses, en el cual se debería avanzar en la confección de los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal de comunicación.
Pero Han transcurrido tres años desde entonces y esa decisión que, si bien en principio iba a ser provisoria, sigue en curso sin noticias concretas sobre el proceso de licitación pendiente.
La indefinición sobre una cuestión tan significativa, estableciendo como válida una medida provisoria determinada por el gobierno anterior, incrementan la percepción del riesgo soberano presente en la Argentina, y pone en duda la oportunidad de limpiar la administración de los recursos hídricos de esquemas poco transparentes.
