Los impuestos a los servicios de luz y gas han generado una nueva polémica tras revelarse que más del 30% de las facturas corresponden a gravámenes nacionales, provinciales y tasas municipales. Este porcentaje afecta directamente al valor final que los usuarios deben abonar, y las tasas vinculadas al alumbrado público son uno de los principales factores que elevan las boletas. Esta situación ha puesto en debate la carga fiscal en los servicios básicos.
De acuerdo a un estudio del Centro de Estudios en Finanzas Públicas (CEFIP) de la Universidad Nacional de La Plata, destaca que, además del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Ingresos Brutos, muchas facturas de luz y gas incluyen tasas municipales que nada tienen que ver con el servicio en sí, como las relacionadas con el alumbrado público, el agua o incluso servicios funerarios.
Uno de los puntos más controvertidos es cómo se distribuyen estos impuestos en las facturas. Este esquema, según el CEFIP, es utilizado por los municipios para asegurar una recaudación eficiente al vincular los impuestos con un servicio esencial que, si no se paga, puede ser interrumpido.
La protesta de los intendentes ante el decreto de Luis Caputo
Ante esta realidad, varios intendentes advierten que, si se elimina la posibilidad de incluir estas tasas en las facturas de servicios, muchos municipios podrían enfrentarse a problemas financieros. Algunos incluso mencionaron que la falta de recursos podría generar apagones en las calles del conurbano bonaerense, dejando algunas zonas completamente a oscuras debido a la imposibilidad de financiar el alumbrado público.
El conflicto se intensificó con la reciente Resolución 267/2024, impulsada por la Secretaría de Comercio, que busca transparentar las facturas de servicios públicos eliminando todo impuesto que no esté vinculado directamente con el servicio prestado. Esta medida ha generado fuertes reacciones entre los intendentes y gobernadores, quienes sostienen que el Gobierno nacional está interfiriendo en la autonomía de las provincias y municipios, poniendo en riesgo sus fuentes de financiamiento.
A pesar de las intenciones del gobierno de Javier Milei de reducir el costo de las facturas para los usuarios, las empresas de servicios expresaron sus dudas sobre cómo implementar la nueva normativa. Desde el sector privado explicaron que la redacción de la resolución es confusa y que los deja en una posición incómoda, al estar atrapados entre cumplir con las normativas nacionales y seguir las ordenanzas municipales que exigen el cobro de estas tasas.
La controversia se agudizó cuando en Lanús, el intendente Julián Álvarez incrementó la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) del 2,36% al 6%. Esta decisión enfureció a los comerciantes locales, especialmente a los supermercados, quienes advirtieron que se verían obligados a trasladar este aumento a los precios de sus productos, lo que agrava aún más la situación inflacionaria del país.
