La exdiputada nacional de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, logró una victoria judicial en el largo juicio que le había iniciado el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, luego de que lo acusara públicamente de tener vínculos con el narcotráfico. Este proceso, que se extendió por más de 12 años, finalizó con un fallo a favor de Carrió.
De acuerdo a datos de la agencia NA, Carrió, en su momento, afirmó que Aníbal Fernández se encontraba «ligado con las mafias del narcotráfico» y que esos grupos mafiosos ligados al narcotráfico solventaban «los gastos de los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires». Estas acusaciones llevaron a Fernández a denunciarla, argumentando que había sufrido una «desacreditación pública» a raíz de los dichos de la exdiputada.
Sin embargo, el tribunal encargado del caso resolvió que Carrió estaba amparada por la «inmunidad de expresión» que le correspondía como diputada al momento de hacer las acusaciones. Esta protección legal impidió que las declaraciones fueran consideradas como una falta judicial, ya que formaban parte de su actividad parlamentaria.
Las consecuencias judiciales para Aníbal Fernández luego de perder el juicio con Carrió
La sentencia, además de rechazar la denuncia de Fernández, determinó que el exministro de Seguridad nacional deberá hacerse cargo de las costas del juicio, sumando así un nuevo revés para su figura política. El fallo judicial refuerza el derecho a la libre expresión de los legisladores, especialmente cuando sus declaraciones se enmarcan dentro del ejercicio de sus funciones.
El proceso judicial, que se prolongó durante más de una década, mantuvo en vilo a ambos dirigentes políticos, quienes en varias ocasiones cruzaron acusaciones en medios y espacios públicos. La dirigente radical, por su parte, siempre defendió sus dichos, asegurando que respondían a su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner había calificado las acusaciones como infundadas y ofensivas, y sostuvo que buscaban perjudicar su imagen pública y política. Sin embargo, la Justicia entendió que las afirmaciones de la dirigente política oriunda del Chaco, aunque polémicas, estaban protegidas bajo el marco institucional en el que fueron realizadas.
Con este fallo, Carrió cierra un capítulo judicial que la enfrentó durante años con uno de los dirigentes más influyentes del kirchnerismo, reafirmando su postura crítica hacia sectores de la política a los que vinculó con actividades delictivas.
