El ajuste en el presupuesto del Estado destinado a la protección de los bosques nativos ha generado un fuerte malestar en varias provincias de la Argentina. La disolución del Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque) y la falta de envío de $16 mil millones correspondientes a proyectos provinciales para proteger el medio ambiente motivaron una reunión extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y la amenaza de renuncia de un funcionario clave.
El pasado 8 de octubre, el gobierno nacional publicó el decreto 888/24, a través del cual eliminó el fideicomiso que administraba los fondos para la conservación de los bosques nativos, creado en 2018. Según organizaciones ambientales, no solo se disolvió esta herramienta financiera, sino que también se desconoce el destino de los $16.000 millones que estaban destinados a los programas de protección de 2023.
En medio de esta polémica, Octavio Pérez Pardo, director de la Dirección Nacional de Bosques, presentó su renuncia, aunque la misma aún no ha sido aceptada. La decisión del gobierno nacional ha sido fuertemente cuestionada, no solo por organizaciones ambientales, sino también por 13 provincias que, a través de una resolución del Cofema, expresaron su «preocupación y disconformidad» con las políticas ambientales que lleva adelante el Ejecutivo.
El presupuesto destinado para la protección de los bosques nativos en 2025 será el más bajo de la historia, representando solo el 2,8% de lo que establece la ley. Según la Ley de Bosques, el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones agrícolas y forestales deberían ser asignados para estos fines.
En su reunión extraordinaria del 16 de octubre, las provincias firmantes de la resolución manifestaron que la eliminación del Fobosque es «inconstitucional y violatoria de convenios internacionales», haciendo referencia a los acuerdos de París y Escazú, que buscan proteger los ecosistemas y el medioambiente. En el documento también instaron a promover acciones políticas, jurídicas e institucionales para restablecer el fondo fiduciario.
La resolución del Cofema fue apoyada por trece provincias, incluidas Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Río Negro, mientras que solo tres provincias (San Luis, Salta y Tucumán) votaron en contra. La falta de estos recursos podría tener un impacto directo en las comunidades nativas e indígenas, quienes dependen de los bosques para su sustento y podrían verse forzadas a migrar ante la deforestación.
La falta de protección al medio ambiente desde el Estado puede afectar a las exportaciones argentinas
El recorte también pone en riesgo la competitividad de productos argentinos en mercados internacionales, ya que la Unión Europea impone restricciones a la importación de productos que no aseguren el cuidado del medio ambiente.
