Una reciente auditoría realizada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del gobierno ha sacado a la luz gastos por más de $12.000 millones que universidades y otras instituciones educativas no han justificado durante el último año. Además, el informe critica la superposición de programas, un incremento alarmante del 42% en la planta de empleados desde 2008 hasta 2023 y cuestiona la gestión del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Manuel Adorni, portavoz de Presidencia, presentó estos hallazgos en su habitual conferencia de prensa matutina, corroborando información previamente difundida en septiembre. Estos datos contrastan fuertemente con las demandas de docentes y científicos que solicitan más recursos para el sector.
El aspecto más destacado del informe es que 95 universidades e instituciones educativas, que reciben fondos públicos, no han rendido cuentas sobre más de $12.000 millones transferidos durante la administración anterior, lo que equivale al 70% de los fondos otorgados en ese período. Además, se identificaron más de 70 programas de transferencia en Ciencia y Tecnología, muchos de ellos redundantes con los de la Agencia I+D+i, y se financiaron proyectos ajenos al desarrollo productivo o al ámbito de la Secretaría.
Planta de trabajadores
En cuanto al panorama del personal científico, entre 2008 y 2022 se registró un aumento del 42% en el número de investigadores y personal técnico dedicado a Investigación y Desarrollo, con el 75% de ellos trabajando en universidades u organismos públicos. Sin embargo, en 2022 se presentaron solo 1.285 solicitudes de patentes, una disminución del 26% en comparación con la década anterior, lo que indica una política que no fomenta la innovación según el documento.
El informe también señala problemas específicos en el CONICET, destacando una falta de conexión entre el conocimiento generado y el sector productivo, poca colaboración con otros organismos y una distribución de recursos sin una evaluación estratégica. Respecto a la Agencia I+D+i, se menciona una asignación ineficiente de recursos, funcionamiento ineficaz de la red de Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) y ausencia de evaluación de impacto. Además, se resalta que uno de cada tres argentinos carece de acceso a Internet.
La Secretaría de Innovación encontró que el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) del Estado se encontraba en un estado crítico, comprometiendo la continuidad del servicio y la seguridad de la información. También se observó un déficit en políticas para tecnologías estratégicas y una baja articulación entre el sector público y privado.
Objetivos a mejorar
Además, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), se busca potenciar el uso de información geoespacial, promover soluciones innovadoras, impulsar el uso internacional de tecnología satelital argentina, optimizar el marco regulatorio para actividades espaciales y llevar a cabo el lanzamiento del satélite SABIA-Mar. Con nuevos planes de conectividad y apertura satelital a través del ENACOM, se aspira a conectar a todos los argentinos.
El documento concluye enfatizando que el ámbito científico-tecnológico debe estar íntimamente ligado a la realidad nacional. El Plan Estratégico 2024-2025 tiene como objetivo aplicar descubrimientos y desarrollos para resolver desafíos del país, profundizar la transformación digital del Estado, promover la colaboración público-privada e incentivar la inversión privada en innovación tecnológica. Todo ello orientado al desarrollo productivo, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad argentina.
