La Secretaría de Industria y Comercio imputó este lunes a 95 empresas por haber incluido tasas o cargos indebidos en sus facturas, es decir, conceptos ajenos al contrato original entre el proveedor y el consumidor. Las imputaciones se realizaron en respuesta a una ola de reclamos de usuarios, que alertaron sobre cobros no acordados en sus boletas, y derivaron en la apertura de 244 expedientes a nivel nacional.
Los expedientes fueron generados a partir de 2.705 denuncias, que se recibieron en un correo electrónico habilitado por la Secretaría exclusivamente para atender estos casos. Cada expediente corresponde a una localidad diferente donde las empresas habrían incumplido la normativa vigente. Las boletas en cuestión tienen fechas de vencimiento posteriores al 11 de octubre, día en que entró en vigor en el Boletín Oficial la resolución 267/2024, que prohíbe incluir cargos no estipulados en los contratos iniciales con los consumidores.
De acuerdo a lo informado, la autoridad de aplicación continuará con la apertura de sumarios sobre facturas emitidas en los próximos meses, particularmente las que tengan vencimiento en noviembre y diciembre. En esta primera etapa, las empresas imputadas incluyen proveedores de servicios de la Ciudad de Buenos Aires y de dieciocho provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y Mendoza.
Investigación y posibles sanciones
Una vez notificadas, las empresas tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos. Si no logran justificar los cargos adicionales, podrían ser sancionadas conforme a la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240). En su artículo 47, inciso b, esta ley establece sanciones con multas de hasta $2.130 millones para las infracciones más graves.
La Secretaría de Comercio aclaró que esta acción responde a su compromiso de proteger los derechos de los consumidores y evitar abusos en las facturaciones. «Las denuncias fueron recibidas a través del correo electrónico habilitado para este fin, denunciatufactura@comercio.gob.ar», indicó el organismo en un comunicado, en el que también informó que las imputaciones podrían extenderse a otras empresas si se detectan nuevas irregularidades.
Entre los conceptos indebidos que se cobraron figuran cargos administrativos o de mantenimiento que no habían sido previamente informados a los clientes en los contratos iniciales. Estos cargos, en algunos casos, elevaron significativamente el monto de las facturas, causando malestar entre los consumidores y generando una cadena de denuncias en distintas localidades del país.
En respuesta a las quejas, el Gobierno busca con estas imputaciones enviar una señal clara a las empresas: las prácticas abusivas de facturación no serán toleradas. La Secretaría destacó la importancia de que los consumidores revisen detalladamente sus facturas y reporten cualquier irregularidad para evitar que estos cobros indebidos se sigan produciendo.
