El jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, manifestó su preocupación ante el fallo emitido por la Cámara de Casación Penal que ratifica la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Según Martínez, esta decisión representa un intento de sectores judiciales y económicos de «disciplinar a la política» en favor de intereses alineados con el actual gobierno de Javier Milei.
“Existen sectores dentro del Poder Judicial y el ámbito económico que buscan domesticar a la política, alejándola de la defensa de los intereses del pueblo argentino y llevándola hacia un proyecto de país que no beneficia a la mayoría”, expresó Martínez tras asistir a una reunión en el Instituto Patria, organizada por Fernández de Kirchner junto a dirigentes de su entorno.
Durante el encuentro, el legislador afirmó haber visto a la ex mandataria “con la fortaleza de siempre y mucha claridad conceptual respecto a lo que significa este fallo”. Según Martínez, Fernández de Kirchner interpretó el fallo como parte de una «causa armada» que busca condicionar sus movimientos y decisiones políticas, asegurando que el objetivo de estos procesos es limitar la influencia de quienes, como ella, han defendido posturas críticas frente a ciertos poderes establecidos.
Martínez también reveló que durante la reunión en el Instituto Patria, la ex presidenta instó a los miembros de su espacio político a analizar el contexto político en su totalidad, señalando que este fallo judicial podría estar destinado a condicionar no solo su figura, sino a todos los actores que, como ella, mantienen una postura crítica.
“La recomendación de Cristina fue que comprendamos que detrás de la decisión de Casación se esconde un intento por disciplinar a todos los sectores políticos, no solo a su figura”, añadió el legislador.
Este posicionamiento de Martínez refleja el descontento dentro de ciertos sectores de la política argentina, quienes sostienen que algunas decisiones judiciales responden a intereses alineados con el actual gobierno, en lo que consideran una estrategia de control y limitación de voces opositoras. La situación agrega tensión a un clima político ya marcado por la polarización y el debate sobre el rol de la justicia en relación con el poder político.
