El Gobierno nacional, tras la polémica decisión de despedir a más de 100 empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (Dpsca), ha dejado claras sus intenciones de avanzar hacia una reestructuración profunda de este organismo. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que incluye la reforma de la Ley de Medios (26.522), con la meta final de desmantelar por completo la institución, según declaraciones de funcionarios del oficialismo.
El organismo, que depende del Congreso Nacional, tiene la misión de defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios en Argentina. Sin embargo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió los despidos como parte de un esfuerzo por racionalizar recursos y acusó a la Defensoría de ser un bastión de empleo público improductivo.
En un mensaje en X, Sturzenegger destacó que esta medida es coherente con la transformación cultural que busca reducir el gasto público. En su publicación, elogió a figuras del PRO como Soher El Sukaria, actual titular de Dpsca, mientras evitó referirse a la vicepresidenta Victoria Villarruel, reflejando las tensiones entre la Casa Rosada y el Senado.
Críticas y defensa de la reforma
La decisión del Ejecutivo ha sido objeto de críticas por parte de gremios como ATE Nacional, que denunció las cesantías como un ataque contra la comunicación democrática y las atribuyó a una intención de silenciar voces críticas. Por su parte, El Sukaria aseguró que el recorte era necesario y justificó las acciones de desmantelamiento del organismo, incluyendo la venta de bienes y la eliminación de actividades consideradas innecesarias.
La funcionaria señaló que el presupuesto de $300 millones de la Defensoría se destinó casi en su totalidad a sueldos. A su vez, acusó al organismo de realizar actividades que describió como una “persecución ideológica” contra medios y periodistas críticos del gobierno anterior. “Era una fiesta del empleo público”, afirmó, al tiempo que aseguró que las reformas buscan garantizar la libertad de prensa y eliminar prácticas que consideró obsoletas.
Próximos pasos del Gobierno nacional
La eliminación de la Defensoría del Público está en debate, con el oficialismo presionando por una reforma de la Ley de Medios que permitiría su desmantelamiento. Sturzenegger afirmó que el Congreso debe discutir si estas instituciones son necesarias, mientras que aliados del Pro, como Silvana Giudici, respaldaron la disolución del organismo, argumentando que es un resabio de una política de control estatal sobre la comunicación social.
En tanto, los 40 empleados restantes de la Defensoría continuarán enfocándose en las tareas fundamentales del organismo, como coordinar audiencias públicas, procesar denuncias y hacer recomendaciones a los medios, según establece la Ley de Medios.
Balance y perspectivas
El futuro de la Defensoría del Público parece incierto en un contexto de cambios legislativos y tensiones políticas. Mientras el Gobierno avanza con su agenda de desregulación y austeridad, sectores opositores y gremiales cuestionan las implicancias de estas medidas para la diversidad de voces en los medios de comunicación y el derecho a una información democrática y plural.
