El Gobierno nacional ha intensificado sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de cerrar un nuevo acuerdo financiero que permita reforzar las reservas netas del Banco Central. Estas gestiones se presentan como un elemento central del plan económico de Javier Milei y buscan definir si el país puede avanzar hacia una salida definitiva del cepo cambiario o si debe optar por un desarme gradual, dependiendo de la posibilidad de obtener una inyección sustancial de divisas externas.
El programa Extended Fund Facility (EFF) firmado en 2022 ha estado marcado por incumplimientos recurrentes en metas clave, como la acumulación de reservas y la reducción del déficit fiscal. Estos desvíos se profundizaron durante la gestión de Alberto Fernández, dejando al actual gobierno libertario la tarea de renegociar un esquema más realista pero también más exigente.
Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Milei optó por rediseñar las metas acordadas con el FMI. Este rediseño incluyó un enfoque prioritario en la reducción del déficit fiscal primario, transformándolo en un objetivo de superávit fiscal mínimo, y estableció metas ambiciosas para la acumulación de reservas. Además, el Banco Central dejó de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria, una medida que buscó estabilizar la economía y evitar presiones inflacionarias adicionales.
Tensiones con el FMI
Aunque el FMI respaldó el enfoque general del programa implementado por el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó inquietudes respecto a la «calidad del ajuste». En particular, señaló que el recorte presupuestario recaía de manera desproporcionada sobre el gasto jubilatorio, generando cuestionamientos éticos y sociales.
Estas críticas derivaron en tensiones abiertas entre el organismo y el Gobierno argentino. El presidente Milei incluso cuestionó públicamente a Rodrigo Valdés, el entonces director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, acusándolo de obstaculizar las negociaciones y favorecer a la administración anterior. Este desencuentro llevó al FMI a reemplazar a Valdés como negociador con Argentina, aunque lo mantuvo en su cargo dentro del organismo.
Avances hacia un nuevo acuerdo
A pesar de los desencuentros iniciales, el Gobierno ha avanzado en las gestiones para alcanzar un tercer acuerdo con el FMI en los últimos seis años y medio. Este nuevo entendimiento reemplazaría al programa actual, que concluye a fines de 2024, y tendría como eje la reestructuración de los USD 45.000 millones pendientes del Stand By Agreement de 2018.
El nuevo acuerdo incluiría un calendario de pagos programados entre 2026 y 2032, lo que otorgaría al país un alivio en el corto plazo mientras se enfoca en estabilizar sus fundamentos macroeconómicos. En los últimos días, una delegación encabezada por el viceministro José Luis Daza, el secretario de Finanzas Pablo Quirno y el vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning viajó a Washington para avanzar en la consolidación de las revisiones pendientes y detallar los próximos pasos del régimen cambiario.
Factores externos y perspectivas
Uno de los factores que podría beneficiar a Argentina en estas negociaciones es el posible retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Según Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, una administración republicana podría facilitar un acuerdo más favorable para el país. Werner señaló que «con Trump, el acuerdo sería todavía mejor», destacando la influencia de Washington en las decisiones del Fondo.
Desafíos pendientes
Dos revisiones clave del acuerdo vigente aún están pendientes. La primera analiza el cumplimiento de las metas de junio, especialmente en términos de acumulación de reservas y superávit fiscal, mientras que la segunda evalúa las metas de septiembre, donde las reservas netas del Banco Central habrían quedado más de USD 2.000 millones por debajo del objetivo. Una de las opciones en estudio es unificar ambas revisiones, consolidar los números con los técnicos del FMI y obtener la aprobación del último desembolso pendiente, que asciende a más de USD 1.000 millones.
En el corto plazo, el Gobierno enfrenta el desafío de cumplir con las obligaciones de deuda externa, ya que las últimas cuotas de intereses del año se afrontaron sin nuevos envíos del FMI. A partir de febrero, Argentina deberá retomar esos pagos, aunque con cierto alivio gracias al reciente ajuste en las sobretasas del organismo.
