La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, presidida por el juez Gustavo Castiñeira de Dios, dictó un hábeas corpus que busca respuestas sobre el paradero y las condiciones de detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en Venezuela, en manos del régimen de Nicolás Maduro.
En declaraciones radiales, Castiñeira de Dios explicó la trascendencia de la resolución emitida por el tribunal. “Es una decisión con bemoles jurídicos. Un tribunal está exhortando a un estado extranjero a cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. Tiene toda la rigurosidad de un acto judicial, con elementos serios”, afirmó.
El habeas corpus, emitido el pasado fin de semana, insta a las autoridades venezolanas a informar sobre la situación de Gallo. Entre los puntos clave, se exige que se comunique su paradero, las razones de su detención, y la identidad del juez a cargo del proceso judicial. Además, solicita que se garantice la representación legal del detenido, así como la posibilidad de contactarse con sus familiares.
Para reforzar la protección de los derechos del gendarme, el fallo también propone que Gallo sea presentado de manera física o telemática ante la Cancillería argentina para recibir asesoramiento legal.
Un acto con impacto internacional
El juez Castiñeira subrayó que, si bien ningún tribunal argentino puede obligar al gobierno de Venezuela a actuar, la resolución tiene peso a nivel internacional. “El acto tiene plena validez ante tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso la Corte Penal Internacional”, aseguró.
Asimismo, argumentó que “cuando existe un derecho humano esencial involucrado, como el derecho a la vida, la libertad o la integridad física, existe la posibilidad de actuar desde tribunales extranjeros”. En ese sentido, destacó que “la posición del gobierno de Venezuela es insostenible jurídicamente”.
Silencio preocupante
El magistrado reveló que antes de emitir la resolución, la Cámara Federal de Mendoza solicitó información a Interpol y a la Cancillería argentina para determinar la situación de Gallo, pero no obtuvo respuestas. “No hay ningún dato, no hay respuesta de ninguna manera. Es más, no sabemos si está vivo”, expresó con preocupación.
Garantías judiciales frente al poder militar
Castiñeira de Dios también destacó la importancia de la independencia judicial en cualquier sistema de justicia y advirtió sobre los riesgos de mantener a una persona detenida bajo control militar. “Siempre es más garantía que una persona esté a disposición de un magistrado y no en un cuartel militar”, concluyó.
La decisión de la Cámara Federal de Mendoza marca un precedente al exhortar al régimen de Nicolás Maduro a respetar los derechos humanos de un ciudadano argentino, mientras se aguarda una respuesta que arroje luz sobre la suerte de Nahuel Gallo.
