(BUENOS AIRES).- “Es un tema que me enerva lo del Régimen Penal Juvenil, me indigna”, dijo Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, al cuestionar las resoluciones judiciales que frenaron la aplicación de la norma. Alejandra Monteoliva sostuvo que las decisiones de magistradas de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires contradicen el rumbo del Gobierno nacional en materia de seguridad.
La jueza porteña Laura Beatriz de Marinis es la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes 21 de septiembre firmó una resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La resolución quedó en el centro de las críticas de Monteoliva, que también recordó una decisión similar dictada días antes por una magistrada bonaerense.
Monteoliva contra la Justicia
Monteoliva sostuvo que ambos pronunciamientos judiciales van en contra del rumbo que impulsa el Gobierno nacional. “Atenta contra lo que defendemos y la Argentina que estamos construyendo”, afirmó al referirse a la resolución porteña. En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza bonaerense pidió el juicio político contra Marta Elba Pascual, la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil.
Monteoliva defendió la reforma como una respuesta política a una deuda histórica y recordó que la nueva ley penal juvenil fue consensuada con distintos sectores. La ministra rechazó que el debate sobre seguridad se aborde desde una mirada ideológica y afirmó: “No ideologizamos la seguridad ni romantizamos el delito”. Monteoliva vinculó la aplicación del régimen con la política de seguridad que impulsa el Gobierno.
La implementación nacional fue otro de los reclamos de Monteoliva. La funcionaria planteó que el régimen debe extenderse al resto del país y que las provincias tienen que avanzar con la norma. “Todas las provincias tienen que avanzar en este sentido”, señaló, en un mensaje dirigido a los gobiernos provinciales y a favor de una aplicación en todo el territorio nacional.
Las eventuales respuestas legales quedaron abiertas. Monteoliva dijo: “Habrá que ver si hay herramientas o decisiones puntuales para revertir situaciones”. Luego agregó: “Hay que evaluar muy bien qué herramientas se pueden tomar para revertir este tipo de situaciones”, sin precisar qué mecanismo podría utilizarse para modificar los fallos. La funcionaria vinculó esa evaluación con la necesidad de revertir este tipo de decisiones judiciales.
Monteoliva también cuestionó el efecto de las resoluciones sobre el sistema judicial y las personas involucradas. “Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo”, aseguró. La ministra completó su posición al afirmar: “Sabemos que la solución no es dejarlo suelto, que siga cometiendo. No es por ahí”. El próximo paso mencionado por la funcionaria es evaluar herramientas legales, aunque todavía no definió una vía concreta.
