(BUENOS AIRES).- “El principal problema que tiene la provincia de Buenos Aires es la inseguridad, y a alguien se le ocurre suspenderlo porque el Ejecutivo no tiene las condiciones para recibir a los presos, es una locura”, dijo Cristian Ritondo, quien cuestionó el miércoles 9 de septiembre la suspensión temporal del Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires. El diputado sostuvo que la falta de condiciones del Ejecutivo para recibir presos no puede justificar la medida. Cristian Ritondo planteó que la respuesta debe ser exigir el cumplimiento de la ley.
El lunes 7 de septiembre, el bloque de diputados del PRO, liderado por Ritondo, difundió un comunicado oficial en rechazo del fallo judicial que postergó la aplicación del régimen. Los legisladores apuntaron contra la decisión de una magistrada y señalaron en forma directa al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. También le exigieron inversión urgente en infraestructura y centros de contención para cumplir con la normativa dictada por el Poder Legislativo.
La jueza bonaerense que suspendió por 60 días la aplicación del régimen fue cuestionada por Ritondo, aunque el diputado reconoció que una magistrada puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. También rechazó que se frene una ley nacional aprobada tras “años” de debate y “ocho meses” de trabajo en comisiones con especialistas y organizaciones.
Las falencias edilicias o de personal en el territorio bonaerense no validan, para el PRO, la paralización del régimen. En el comunicado, el bloque reclamó: “La respuesta es que el gobierno de Axel Kicillof haga lo que le corresponde: preparar centros adecuados, equipos especializados y dispositivos de contención y reinserción”. La bancada sostuvo que el cumplimiento de la ley exige que la administración provincial adecue sus recursos.
El límite de edad también fue ratificado por los diputados del PRO en el documento. El bloque aseguró que “a los 14 años un adolescente comprende que matar, robar a mano armada o integrar una organización criminal está mal”. Además, definió que la normativa tiene un fin preventivo y punitivo frente a las redes delictivas que utilizan a menores para cometer crímenes.
El financiamiento fue otro de los puntos planteados por la bancada. Los diputados aseguraron que habían advertido durante el tratamiento legislativo el riesgo de que faltaran recursos y que insistieron para garantizar partidas presupuestarias específicas. “Desde el primer día advertimos que sin recursos, la ley nacía obsoleta. Por eso insistimos y logramos que esos recursos fueran contemplados”, afirmó el bloque.
El PRO apunta a una grave sanción
El bloque del PRO ya impulsa un juicio político contra la jueza en el Senado provincial, una iniciativa impulsada por Guillermo Montenegro, exintendente de Mar del Plata, exjuez y exfiscal. El comunicado cerró con una exigencia concreta sobre la puesta en marcha del régimen: “La ley está, los recursos están previstos, falta decisión”.
Cristian Ritondo también sostuvo que la suspensión expone un problema de infraestructura que, a su criterio, debe ser resuelto por el gobierno provincial. El bloque del PRO reclamó la preparación de centros adecuados, equipos especializados y dispositivos de contención y reinserción para aplicar la normativa.
El diputado afirmó además que su espacio trabaja para que el régimen avance pese a las objeciones vinculadas con la falta de recursos. La posición del PRO es que las dificultades operativas no deben impedir la puesta en marcha de una ley aprobada por el Congreso.
