La reciente decisión del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de adelantar tres años la licitación de las tragamonedas en la provincia, ha encendido las alarmas tanto en el ámbito político como social. La medida, que se implementa en un contexto nacional donde la problemática de las apuestas online está bajo el foco de la opinión pública, plantea serias dudas sobre los verdaderos motivos detrás de este adelanto y sus posibles consecuencias para la comunidad.
La concesión actual, que se encuentra en manos de CET, una sociedad compuesta por los empresarios Aldo Roggio y Miguel Ángel Caruso, vence en 2027. Sin embargo, el Gobierno provincial ha decidido acelerar el proceso y convocar a una licitación que extiende el negocio de las tragamonedas por 25 años. La excusa oficial es el incumplimiento del contrato por parte de CET, pero el adelanto de los plazos plantea una serie de interrogantes que merecen atención.
La decisión parece estar más vinculada a un negocio que a una verdadera necesidad de cambio. La Lotería de Córdoba, al justificar la medida, indicó que ya se había ejecutado el 90% del tiempo estipulado por las concesiones anteriores, lo que sugiere que, de alguna manera, se buscaba abrir un nuevo ciclo sin esperar al vencimiento natural del contrato. Sin embargo, la rápida decisión de adelantar la licitación en un contexto de creciente debate sobre el impacto de las apuestas online, plantea dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno provincial.
La Iglesia salió al cruce
La Iglesia Católica, a través de la Pastoral Social Arquidiocesana de Córdoba, ha expresado su firme oposición a la expansión de las tragamonedas y las apuestas en la provincia. En su documento de fin de año, la Pastoral calificó las apuestas online y las tragamonedas como una «verdadera oferta de destrucción y empobrecimiento», advirtiendo que este tipo de entretenimiento no solo perjudica la economía de las personas, sino que también atenta contra su bienestar emocional y familiar.
La Iglesia subrayó que, detrás de la fachada de «diversión», las apuestas buscan aprovecharse de las vulnerabilidades de aquellos que enfrentan dificultades económicas y personales, generando falsas expectativas de solución a problemas profundos como la salud, la vivienda o la alimentación.
El peligro de las tragamonedas y el juego como motor económico
El avance de la industria del juego y las apuestas en la provincia no es un fenómeno aislado. En una época donde el juego online se ha incrementado y la ciudadanía está cada vez más alerta sobre sus efectos negativos, el gobernador Llaryora parece estar impulsando un modelo económico que depende cada vez más de un sector que, lejos de ser inofensivo, ha demostrado tener consecuencias devastadoras para muchas familias. Las tragamonedas, en especial, se han asociado a un entretenimiento de riesgo que puede desencadenar adicciones y efectos nocivos sobre la salud mental y emocional de los jugadores.
Es fundamental cuestionar el modelo que promueve la expansión de estas actividades, especialmente cuando se utilizan como una herramienta para fomentar el “esparcimiento” en zonas vulnerables de la provincia. Localidades como Cruz del Eje, una de las más empobrecidas de Córdoba, serán las destinatarias de proyectos que incluyen no solo tragamonedas, sino también nuevos casinos y hoteles destinados al mismo fin: un entretenimiento de alto riesgo que puede profundizar las desigualdades sociales.
Un negocio que pone en juego el bienestar social
A nivel nacional, la problemática del avance de las apuestas online ha captado la atención de la sociedad, y la decisión de Córdoba de adelantar la licitación no hace más que agravar las preocupaciones sobre el impacto de este negocio. A medida que las apuestas online se expanden rápidamente, se incrementa la posibilidad de que más personas caigan en las redes de adicciones al juego, especialmente en un contexto de incertidumbre económica y desesperación.
El Gobierno provincial, al tomar esta decisión, parece ignorar la responsabilidad social de proteger a los ciudadanos más vulnerables de las consecuencias de un “entretenimiento” que tiene más que ver con el lucro rápido que con el bienestar colectivo.
La política del juego y la falta de transparencia
Otro aspecto que no puede pasarse por alto es la falta de transparencia en la decisión de adelantar la licitación. Si bien se ha justificado por “incumplimientos” del concesionario, el hecho de que se haya tomado esta medida tan abruptamente, sin un debate más profundo ni una consulta con los sectores involucrados, genera desconfianza. La ciudadanía no solo está alerta por el avance de las apuestas online, sino también por las decisiones políticas que se toman detrás de puertas cerradas y que podrían tener consecuencias de largo alcance.
El adelanto de la licitación no es solo una cuestión técnica o administrativa, sino una decisión de fondo que puede marcar un cambio en la política provincial con respecto al juego y las apuestas. Sin un análisis adecuado de los impactos sociales, económicos y de salud, este tipo de medidas parecen responder más a intereses privados que a una verdadera política de bienestar para la población.
