La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó las recientes políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei en torno al arancelamiento para estudiantes extranjeros en universidades públicas y la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el país. Según Bullrich, estas medidas buscan priorizar los recursos estatales para los argentinos y garantizar una gestión eficiente de los fondos públicos.
En declaraciones realizadas a LN+, Bullrich destacó la importancia de que las universidades tomen decisiones alineadas con el esfuerzo fiscal de los ciudadanos. “El Consejo Superior de las Universidades puede permitir que cada institución implemente el arancelamiento. Es algo que parece muy justo porque los argentinos pagan impuestos y, con esos impuestos, necesitamos darle educación a nuestros ciudadanos. Aquellos que quieran venir a estudiar a la Argentina lo van a poder hacer, pero pagando un arancel”, señaló.
Asimismo, la ministra subrayó la autonomía de las universidades para adoptar esta medida, aunque llamó a un compromiso con la protección de los recursos públicos. “Esperemos que las universidades entiendan que reciben dinero por medio de los impuestos de los ciudadanos y tienen que cuidar ese dinero. Si los extranjeros no pueden votar, no tienen injerencia en la vida política argentina y no pagan impuestos, no pueden recibir un beneficio porque entonces hay un desfasaje”, expresó.
En el ámbito de la seguridad, Bullrich explicó los avances en la política de expulsión de extranjeros involucrados en delitos. “Estamos transformando las figuras penales para que salgan rápido. Si los delitos son pequeños, se los puede expulsar inmediatamente. Demasiado tenemos con los delincuentes argentinos como para tener extranjeros”, afirmó. Sin embargo, aclaró que en el caso de crímenes graves, los responsables deberán cumplir sus condenas en el país.
Estas declaraciones surgen en medio de un debate sobre el uso de recursos públicos en educación y seguridad, áreas que el gobierno de Milei busca reformar profundamente. Si bien las medidas cuentan con apoyo en sectores conservadores, también han generado críticas desde ámbitos universitarios y organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de discriminación y exclusión.
El enfoque de Bullrich refleja la intención del gobierno de profundizar su agenda de reformas estructurales, apuntando a un modelo que priorice los intereses de los contribuyentes argentinos y refuerce los mecanismos de seguridad y justicia frente al crimen.
