El gobernador bonaerense Axel Kicillof, conocido por su estrategia de incrementos impositivos como método de recaudación, ha autorizado un nuevo aumento promedio del 23% en los peajes que conectan la Ciudad de Buenos Aires con los destinos turísticos de la Costa Atlántica. La medida, que se implementa a días del inicio de la temporada de verano, llega en un contexto de profundos cuestionamientos a su gestión, marcada por serios problemas administrativos y una provincia que sigue liderando los índices de pobreza en el país.
Con el ajuste, que rige desde el viernes 20 de diciembre, los viajeros deberán pagar $10.600 para recorrer la Autovía 2 ida y vuelta hacia destinos como Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell. Este monto corresponde a $5.300 en cada una de las dos cabinas de peaje. Además, los usuarios de la autopista «Ricardo Balbín» —que une La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— tendrán que abonar $4.000 en horario pico por el recorrido de 54 kilómetros.
El impacto económico es claro: un viaje redondo desde CABA hacia la Costa Atlántica costará, solo en peajes, unos $29.200. Esto supone un aumento considerable en un contexto donde la inflación y la pérdida del poder adquisitivo ya complican los planes de millones de familias.
Ajustes tarifarios recurrentes
Este aumento es el segundo del año, tras el ajuste del 150% aplicado en agosto, y responde a la «adecuación tarifaria» autorizada a Aubasa, la concesionaria estatal de los corredores viales. La empresa tiene ahora luz verde para revisar los precios cada tres meses según una fórmula que considera el costo salarial, el costo de la construcción y la inflación.
Sin embargo, estas subas recurrentes parecen ser más un intento desesperado de recaudación que una solución estructural. Las rutas concesionadas por Aubasa continúan presentando problemas de mantenimiento, algo que, sumado a los elevados costos, ha generado un creciente malestar entre los usuarios.
Un gobernador en la mira
Kicillof, cuyo gobierno enfrenta serias críticas por su incapacidad para revertir los índices de pobreza en la provincia más grande del país, ahora suma este aumento a una larga lista de medidas controvertidas. Bajo su gestión, la provincia de Buenos Aires se ha convertido en un ejemplo de cómo la mala administración puede exacerbar los problemas estructurales. En lugar de buscar soluciones sostenibles, el gobierno provincial parece depender cada vez más de aumentos impositivos y tarifarios para cubrir los déficits generados por su propia ineficiencia.
La implementación del ajuste en pleno inicio de la temporada estival también ha generado críticas desde el sector turístico, que teme una menor afluencia de visitantes. En una región donde el turismo es un motor económico clave, las decisiones de Kicillof parecen priorizar la recaudación inmediata sobre el desarrollo sostenible del sector.
El impacto sobre el turismo y los consumidores
El aumento de los peajes afecta directamente a las familias que planifican sus vacaciones en la Costa Atlántica, tradicionalmente considerada una opción accesible para la clase media. Sin embargo, los crecientes costos de transporte y servicios ponen en riesgo esta percepción, especialmente en un contexto de crisis económica.
Mientras tanto, Kicillof defiende la medida como «necesaria» para garantizar la seguridad y el mantenimiento de las rutas. Pero esta justificación resulta poco convincente para una ciudadanía cansada de ver cómo los recursos no se traducen en mejoras tangibles.
Un modelo agotado
El caso de los peajes no es más que un reflejo de un modelo de gestión basado en ajustes constantes que recaen sobre los ciudadanos. Con una provincia sumida en la pobreza, una infraestructura deteriorada y una presión fiscal que ahoga a los contribuyentes, las políticas de Kicillof parecen estar lejos de ofrecer las soluciones que Buenos Aires necesita.
A medida que el malestar crece entre los bonaerenses, el gobernador se enfrenta a un desafío cada vez más evidente: demostrar que puede gobernar con eficiencia y equidad en lugar de perpetuar un sistema que prioriza la recaudación por encima de las necesidades reales de la población.
