El Gobierno nacional anunció la reducción de los derechos de exportación para productos agropecuarios, una medida que tendrá un impacto fiscal equivalente al 0,13% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que se traduce en aproximadamente 800 millones de dólares. Este recorte representará menos de la mitad del superávit financiero del 2024, que alcanzó el 0,3% del PBI. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque esta medida es un alivio para el sector, no es posible eliminar completamente las retenciones debido a la necesidad de un superávit mayor, estimado en 8.000 millones de dólares, para sostener la medida de manera permanente. Sin embargo, destacó que este es un primer paso en el camino hacia un esquema fiscal más equilibrado.
El anuncio se dio en un contexto de crisis para el sector agropecuario, marcado por la caída de precios internacionales y los efectos de la sequía. Según un informe de la Fundación Mediterránea, en diciembre de 2024 el precio internacional de la soja promedió 361 dólares por tonelada, el nivel más bajo desde 2006 y un 27% inferior al promedio histórico. Esto se suma a un contexto local donde el poder adquisitivo del cultivo cayó un 30%, agravando la situación financiera de los productores.
Un llamado a las provincias y municipios para reducir impuestos
En paralelo, el Gobierno intensificó la presión sobre provincias y municipios para que reduzcan su carga impositiva, argumentando que la baja de retenciones incrementará la recaudación de impuestos coparticipables y, por ende, los fondos transferidos a las jurisdicciones locales. Caputo señaló que mientras la Nación realiza esfuerzos para aliviar la carga fiscal, provincias y municipios mantienen impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y tasas municipales que, en muchos casos, no corresponden a servicios prestados.
El ministro de Economía destacó que la carga tributaria total sobre la renta agrícola alcanza niveles asfixiantes. En la zona núcleo, se estima que los derechos de exportación representan el 44% de una carga total del 64%, mientras que en zonas extrapampeanas esta proporción asciende al 57% de un total del 74%. Estas cifras reflejan la necesidad de un alivio impositivo integral para garantizar la competitividad del sector agropecuario.
Impacto en la sostenibilidad fiscal y las proyecciones económicas
La baja de retenciones se oficializará el lunes mediante un decreto, y las nuevas alícuotas entrarán en vigor de inmediato. Desde el Ministerio de Economía, se subrayó que esta decisión fue trabajada desde finales de 2024 y representa una medida calculada para equilibrar las necesidades del sector agropecuario con la sostenibilidad fiscal. Según estimaciones oficiales, un crecimiento del PBI del 5% en 2025 podría generar una recaudación adicional equivalente a 1,2 puntos del PBI, lo que permitiría avanzar en nuevas reducciones impositivas. No obstante, el consenso del mercado anticipa un crecimiento ligeramente menor, de alrededor del 4%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
Caputo mencionó que el objetivo a largo plazo es eliminar por completo las retenciones, pero advirtió que este proceso requerirá tiempo y un aumento sostenido en la actividad económica. «No podemos comprometer el esfuerzo de todos los argentinos para llegar adonde hemos llegado. Este es el primer paso hacia un esquema impositivo más justo y eficiente», explicó.
Reclamos del sector agropecuario y respuesta del Gobierno
La Mesa de Enlace había solicitado una reunión con Caputo para plantear un alivio fiscal inmediato. Entre los principales puntos de su reclamo, destacaron la necesidad de eliminar los derechos de exportación, implementar un esquema impositivo más equilibrado que contemple las particularidades de las economías regionales y facilitar medidas de financiamiento accesible para los pequeños y medianos productores. Aunque el anuncio del Gobierno respondió parcialmente a estas demandas, los productores consideran que es necesario avanzar más rápido en estas reformas para garantizar la supervivencia del sector.
El recorte anunciado por el Ejecutivo busca dar una señal de apoyo al campo, un sector clave para la economía nacional. Sin embargo, los desafíos fiscales y la necesidad de mantener la sostenibilidad económica hacen que las medidas sean necesariamente graduales. Mientras tanto, el Gobierno espera que este primer paso sirva como estímulo para reactivar el sector agropecuario y sentar las bases de un sistema tributario más equilibrado en el futuro.
