El Gobierno nacional busca consolidar el cambio en el sistema de aportes de salud con la eliminación de la triangulación entre las obras sociales y las prepagas, una medida que entró en vigor el 1 de diciembre de 2024. Sin embargo, la transición depende ahora de la decisión de los afiliados, quienes tienen la potestad de redirigir sus aportes directamente a las empresas de medicina privada, evitando el «peaje» de las obras sociales sindicales.
Desde la implementación de este sistema, los afiliados tienen la opción de elegir si sus aportes a la seguridad social irán directamente a la prepaga o continuarán pasando por las obras sociales. Este cambio responde a una necesidad de simplificar el esquema actual y transparentar el flujo de fondos, aunque enfrenta resistencias desde distintos sectores.
Por un lado, las obras sociales temen una reducción significativa de los aportes que reciben, fundamentales para su operatividad. Por otro, las prepagas ven la medida como una oportunidad para fortalecer su relación con los afiliados, aunque reconocen que hasta el momento predomina la curiosidad por el nuevo esquema por sobre las acciones concretas de cambio.
Intereses y desafíos
Un obstáculo para avanzar en la adopción masiva de la medida es la falta de incentivos claros para los afiliados. Según representantes de las empresas de medicina privada, sería necesario que las empresas empleadoras impulsaran activamente el trámite entre sus trabajadores. Esto es especialmente relevante, ya que aproximadamente el 50% de los afiliados pertenecen a convenios corporativos.
A pesar de ello, aún no queda claro si la redirección de los aportes resultará en beneficios económicos inmediatos para los afiliados. Las empresas de medicina prepaga consideran que cualquier ahorro dependerá de negociaciones individuales o corporativas, y no será un efecto automático del cambio.
Hacia una resolución gubernamental
En las últimas semanas, ha cobrado fuerza la versión de que el Gobierno podría emitir una resolución para acelerar el proceso. Aunque no se han dado detalles concretos, la intención sería simplificar los trámites para los afiliados. Actualmente, quienes deseen realizar el cambio deben hacerlo mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) utilizando su clave fiscal de nivel 3.
El Gobierno ya logró que las prepagas se inscribieran en el registro oficial, un paso fundamental para habilitar la redirección de aportes. Sin embargo, ahora enfrenta el desafío de motivar a los beneficiarios para que adopten el nuevo sistema.
Impacto para las obras sociales y prepagas
El sistema actual incluye obras sociales que funcionan como «sellos de goma», es decir, que retienen un porcentaje de los aportes sin brindar prestaciones significativas. Estas son las que más se verían afectadas por la reforma. En contraste, las obras sociales que ofrecen servicios complementarios a las prepagas podrían transferir estos costos a las empresas privadas, lo que plantea interrogantes sobre si el cambio beneficiará efectivamente al afiliado en términos económicos.
En tanto, las prepagas deberán asumir costos administrativos adicionales al gestionar directamente los fondos de seguridad social, lo que podría influir en los precios finales de las cuotas.
Tendencias hacia la desintermediación
Un dato revelador es que las nuevas afiliaciones al sistema de prepagas se están haciendo mayoritariamente de forma directa, sin pasar por las obras sociales. Esto refleja una tendencia hacia la eliminación gradual de la triangulación, que podría consolidarse en los próximos años si no hay cambios normativos que reviertan la medida.
