El régimen de Nicolás Maduro ha sido «desenmascarado» en un exhaustivo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, que detalla las atrocidades cometidas por el dictador venezolano para sostenerse en el poder a cualquier costo. El documento, que consta de 45 páginas y fue aprobado el 27 de diciembre, expone una estrategia sistemática de represión, fraudes electorales y terrorismo de Estado, diseñada para sofocar cualquier intento de transición democrática en Venezuela.
La CIDH es categórica al señalar que la reelección de Maduro en julio de 2024 carece de toda legitimidad democrática. El informe denuncia una maquinaria electoral corrompida que inhabilitó opositores, manipuló el sistema electoral y cooptó las instituciones públicas para garantizar la continuidad del régimen. La conclusión del documento es contundente: “La opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”.
Además, el informe detalla cómo el régimen utilizó la violencia y la intimidación para sembrar el terror en la población. Las fuerzas de seguridad del Estado, junto a grupos armados conocidos como “colectivos”, llevaron a cabo detenciones arbitrarias, asesinatos y actos de hostigamiento contra opositores y ciudadanos comunes. Estas acciones no son improvisadas: responden a un plan deliberado que busca consolidar el control absoluto del poder.
Terrorismo de Estado y violaciones sistemáticas de derechos humanos
Entre las prácticas más alarmantes señaladas por la CIDH están los asesinatos durante las protestas masivas que estallaron tras las elecciones de 2024. Al menos 25 personas fueron asesinadas, la mayoría jóvenes de barrios populares. Todas las muertes fueron por disparos de armas de fuego, ejecutados con intencionalidad letal por fuerzas del Estado o sus aliados paramilitares. La represión incluyó más de 1.500 detenciones arbitrarias, realizadas sin órdenes judiciales, y la intimidación a los familiares de las víctimas.
Particularmente grave es la persecución a menores de edad, quienes fueron arrestados y presentados ante tribunales antiterroristas. Estas detenciones violan todas las garantías judiciales y reflejan la criminalización absoluta de cualquier forma de disidencia. El régimen no solo busca silenciar voces críticas, sino también destruir cualquier forma de organización opositora.
Censura y control absoluto de la narrativa
El informe también denuncia el cierre de más de 400 medios de comunicación en las últimas dos décadas, un esfuerzo sistemático para sofocar la libertad de expresión en Venezuela. El régimen ha intensificado el control sobre el espacio digital, utilizando tecnologías de vigilancia para intimidar a opositores y bloquear plataformas de comunicación independientes. Periodistas han sido detenidos arbitrariamente y las emisoras de radio, un pilar de la comunicación en áreas rurales, han sido desmanteladas casi en su totalidad.
La CIDH subraya que estas prácticas no son incidentales, sino parte de una estrategia orquestada para consolidar el poder de Maduro y perpetuar su narrativa oficial, mientras silencia cualquier evidencia de oposición o crítica.
El respaldo internacional al régimen: un escándalo
Mientras el régimen caribeño perpetra estas atrocidades, cuenta con el apoyo tácito o explícito de aliados internacionales como Rusia, China, Irán y, vergonzosamente, algunos líderes latinoamericanos como Lula da Silva y Gustavo Petro. Este respaldo socava los esfuerzos de la comunidad internacional para restaurar la democracia en Venezuela. Y también legitima indirectamente las acciones represivas de Maduro.
En contraposición, países como Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Uruguay han expresado su rechazo al régimen y su apoyo a la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Sin embargo, la fractura geopolítica en la región dificulta una acción unificada para presionar efectivamente al dictador.
Un llamado urgente a la acción
La CIDH cierra su informe con un llamado apremiante a la comunidad internacional. Específicamente, para que intensifique sus esfuerzos y actúe frente a la crisis humanitaria y política en Venezuela.
El dictador se prepara para realizar una farsa de ceremonia de asunción el 10 de enero. A su vez, la oposición venezolana enfrenta el desafío de evitar que este acto se convierta en una validación de su ilegítimo poder. Este informe de la CIDH es una herramienta invaluable para desnudar las atrocidades del régimen y para exigir justicia y democracia en Venezuela.
