El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su objetivo de eliminar el cobro de tasas municipales y provinciales en las facturas de servicios públicos. Luis Caputo, ministro de Economía, impulsó una medida que busca prohibir que las distribuidoras de gas corten el suministro a usuarios que decidan no abonar conceptos ajenos al servicio.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a una audiencia pública el 6 de febrero para iniciar el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) 2025-2029. Entre los puntos destacados, se discutirá una modificación al reglamento de servicio que prohíba a las empresas distribuidoras cortar el suministro por falta de pago de tasas municipales o provinciales, argumentando que estas son conceptos externos al servicio de gas.
La medida se fundamenta en varias normativas vigentes, como la Ley 24.076, la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y resoluciones del Enargas, que prohíben incluir tasas en las boletas de servicios públicos.
El argumento oficial
Desde el Ministerio de Economía, destacaron: «El ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria por parte de municipios afecta los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria. Esto encarece los costos de bienes y servicios, dificultando la reducción de la inflación y perjudicando al ciudadano», señalaron en un comunicado.
Caputo también remitió notas a los gobernadores instándolos a intervenir en esta problemática, recordando que la Ley de Coparticipación prohíbe a las provincias y municipios gravar materias imponibles sujetas a impuestos nacionales.
Impacto en las tarifas de gas
En el marco de la RQT, el Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía que los incrementos en las tarifas finales no superen el 10% anual para los usuarios, con opciones de pago fraccionado. Este ajuste moderado busca aliviar la carga de los consumidores y acompañar el plan oficial para desacelerar la inflación durante 2025.
Actualmente, las tarifas de gas incluyen cuatro componentes principales: el costo de la energía, que está subvencionado según la segmentación de ingresos; el transporte; la distribución; y los impuestos, que abarcan tasas nacionales, provinciales y municipales. Los subsidios se aplican únicamente al costo de la energía, mientras que los demás componentes varían dependiendo de la categoría del usuario.
La audiencia pública será clave para definir las tarifas de gas y el alcance de las medidas propuestas. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a reforzar su política de estabilización económica y la reducción de la inflación, con vistas a las elecciones legislativas de 2025.
