Las empresas que transportan y distribuyen gas en Argentina solicitaron un aumento del 45% en sus tarifas, lo que representaría un incremento del 15% en la factura de los usuarios. Sin embargo, el Gobierno nacional ya adelantó que el límite será del 9,9% por encima de la inflación. Además, las compañías pidieron un ajuste mensual de tarifas hasta 2030 para evitar pérdidas frente a la inflación.
El pedido fue realizado por Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas y Gas Nea. Estas propuestas serán analizadas en la audiencia pública que se llevará a cabo el jueves 6 de febrero, organizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Por otro lado, algunas distribuidoras se manifestaron en contra de la decisión del Gobierno de separar las tasas municipales de las facturas de gas. Esta medida busca evitar que se corte el suministro a quienes no paguen estos cargos adicionales, dándoles la posibilidad de abonarlos por separado.
La contrapropuesta del Gobierno nacional a las empresas de gas
El Gobierno argumenta que las subas propuestas por las empresas son excesivas y que los ajustes deben ser moderados para no impactar de manera negativa en los usuarios. «El aumento tope será de 9,9% final por encima de la inflación», indicaron desde el Poder Ejecutivo, dejando en claro que las tarifas solicitadas por las compañías no serán aprobadas en su totalidad.
Metrogas y Camuzzi solicitaron un esquema de actualización mensual automático de sus tarifas, mientras que TGS propuso un mecanismo basado en la evolución de los salarios (40%), la inflación mayorista (30%) y el costo de la construcción (30%).
Además, las empresas buscan que se garantice la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), que les permitiría tener previsibilidad hasta 2029. Esto les permitiría acceder a financiamiento para mantener y expandir la red de gas en el país.
Por ahora, el Gobierno mantiene su postura de limitar los aumentos, mientras que las empresas insisten en que los ajustes son necesarios para garantizar la viabilidad del servicio. La discusión seguirá en la audiencia pública del 6 de febrero, donde se definirán los próximos pasos en la política tarifaria del gas.
