El reciente anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la baja temporal de retenciones al agro marcó un importante gesto del gobierno de Javier Milei hacia la reducción de la carga fiscal y el alivio económico para los sectores productivos. Sin embargo, mientras la Nación da pasos en esa dirección, muchas provincias parecen ir en el sentido contrario, aumentando impuestos, especialmente el de Ingresos Brutos (II.BB), con el único objetivo de engrosar sus cajas políticas, sin ofrecer ninguna contraprestación real a los ciudadanos.
Ingresos Brutos, calificado por economistas y empresarios como “el peor impuesto”, ha sido una de las principales herramientas de recaudación para las provincias. Este tributo, que genera un efecto cascada al encarecer todos los niveles de la cadena productiva, promedia el 80,2% de la recaudación propia de las provincias, según datos del IERAL. Sin embargo, su impacto negativo sobre la producción y la competitividad no ha impedido que varios gobernadores lo incrementen sin justificación, evidenciando una clara desconexión con las necesidades reales de la población.
En Santa Fe, por ejemplo, Maximiliano Pullaro decidió aumentar la alícuota del 5% al 9% para Proveedores de Servicios de Pago (PSP), lo que afecta a billeteras virtuales y prestadores financieros. Desde la Cámara Argentina Fintech denunciaron que esta medida es “confiscatoria” y frena el desarrollo de herramientas tecnológicas que benefician a millones de usuarios. Córdoba, bajo la gestión de Martín Llaryora, también aumentó significativamente los importes del Régimen Simplificado y del Inmobiliario Urbano, además de reestablecer impuestos que previamente había eliminado.
La falta de compromiso con la baja de impuestos
A pesar del claro mensaje de la Casa Rosada, muchas provincias no solo ignoran la línea de reducción fiscal propuesta por el gobierno nacional, sino que avanzan en la dirección opuesta. En Tucumán, Osvaldo Jaldo triplicó el pago mínimo de II.BB, mientras que La Pampa continúa liderando el ranking con una alícuota exorbitante del 16,4% en el sector financiero. Estas decisiones no solo aumentan la presión sobre los ciudadanos y las empresas, sino que también agravan las inequidades entre las distintas regiones del país.
Caputo fue categórico en sus declaraciones, señalando que “no hemos visto a ninguna provincia reducir Ingresos Brutos, el peor impuesto que existe”. Este desafío, lejos de encontrar eco en los gobernadores, ha sido ignorado o incluso rechazado, demostrando que muchos mandatarios provinciales priorizan la recaudación a corto plazo para sus cajas políticas antes que el desarrollo productivo y el bienestar de sus ciudadanos.
Promesas vacías y gestos superficiales
Si bien algunos gobernadores intentaron mostrar gestos en línea con las demandas nacionales, estas medidas son, en su mayoría, insuficientes o superficiales. Llaryora eliminó el cobro de II.BB a la producción y el Impuesto a la Mera Compra, pero la Sociedad Rural de Río Cuarto denunció que sigue aplicándose de manera indirecta a través de proveedores de servicios. Rogelio Frigerio, por su parte, presentó una iniciativa para reducir alícuotas en Entre Ríos, pero aún enfrenta críticas por haberlas incrementado previamente.
En contraste, Chubut, bajo la gestión de Ignacio Torres, es una de las pocas provincias que ha tomado medidas consistentes, eliminando el Inmobiliario Rural para el sector ganadero y prometiendo más reducciones fiscales. Según Torres, estas acciones son posibles gracias a una administración eficiente que logró un superávit financiero en apenas un año, demostrando que es posible gobernar con responsabilidad fiscal y sin necesidad de asfixiar al sector productivo.
La desconexión con la ciudadanía
El principal problema de estas políticas impositivas es que no están acompañadas de una mejora en los servicios o en la calidad de vida de los ciudadanos. Las provincias parecen centradas únicamente en recaudar, mientras que la infraestructura, la educación, la salud y la seguridad siguen mostrando deficiencias graves. Este modelo, que prioriza la supervivencia política de los gobernadores por encima del bienestar de la población, refuerza la percepción de una clase dirigente desconectada de las verdaderas necesidades del país.
El llamado de la Nación: reducir impuestos y priorizar la producción
La baja temporal de retenciones impulsada por el gobierno nacional representa un claro ejemplo de cómo se pueden implementar medidas que alivien la presión fiscal y promuevan el desarrollo económico. Sin embargo, para que estas políticas tengan un impacto duradero, es fundamental que las provincias sigan el mismo camino y abandonen la lógica de recaudar a cualquier costo.
La Casa Rosada ha sido clara: reducir impuestos no solo es una cuestión de justicia económica, sino también una estrategia para fomentar la competitividad y garantizar el crecimiento sostenido del país. Es hora de que los gobernadores asuman su responsabilidad y comiencen a actuar en beneficio de sus ciudadanos, dejando de lado la inercia política y el afán recaudatorio.
