Desde enero, los tickets y facturas de grandes comercios comenzaron a detallar los impuestos nacionales incluidos en los precios de los productos. Esta medida, parte del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, fue implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y busca que los compradores puedan identificar claramente cuánto representan el IVA y otros tributos en sus compras.
La organización Lógica, que impulsó la ley, destacó que la implementación se está llevando a cabo con éxito. Según Matías Olivero Vila, presidente de la ONG, «la mayoría de las grandes cadenas y estaciones de servicio ya cumplen con la normativa, detallando impuestos nacionales como IVA y tributos indirectos». Sin embargo, algunos comercios aún están ajustando sus sistemas para cumplir completamente con la reglamentación.
Por ejemplo, en una compra de $10.000 en una estación de servicio Deheza, el ticket detalla que $1271,60 corresponden al impuesto a los combustibles líquidos, $77,89 al impuesto al dióxido de carbono y $1501,32 al IVA. En total, los impuestos nacionales suman $2850,81, representando el 28,5% del monto pagado.
Casos similares se observaron en supermercados. En Día, una gaseosa sin azúcar de 1,75 litros costó $3100, de los cuales $538 corresponden al IVA y $222,64 a impuestos internos importados, totalizando $760,64 en cargas fiscales, es decir, el 24,5% del precio. Estos porcentajes se repiten en otras cadenas como Carrefour, Jumbo y Chango Más, mostrando cómo los impuestos influyen en el costo final de los productos.
El pedido del Gobierno nacional a las provincias
El régimen actualmente solo contempla impuestos nacionales, pero el Gobierno ha invitado a las provincias y municipios a sumarse para que los consumidores también puedan conocer el impacto de impuestos locales, como ingresos brutos y tasas municipales. «La transparencia fiscal debería incluir todos los tributos que inciden en los precios, ya que el consumidor tiene derecho a información completa y veraz», sostuvo Olivero Vila.
En el pasado, aumentos en tasas municipales generaron controversias, como ocurrió en Lanús, donde supermercados advirtieron sobre incrementos en los precios tras la duplicación de la tasa de seguridad e higiene. Este tipo de situaciones impulsó el debate sobre la necesidad de que provincias y municipios se sumen a la normativa nacional para garantizar mayor equidad y transparencia en los precios.
Por ahora, los pequeños comercios y profesionales tienen hasta el 1° de abril para adherirse al régimen, cuando la normativa será obligatoria para todos. Hasta entonces, el Gobierno y cámaras empresariales continúan impulsando esta medida, que busca no solo informar al consumidor, sino también identificar desbalances fiscales entre distintas jurisdicciones.
