El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dio un paso importante en la investigación por presunto lavado de activos que involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. Con el objetivo de no demorar el avance del caso, el magistrado resolvió habilitar la feria judicial de enero para obtener una prueba clave desde España.
Según fuentes judiciales, la colaboración con organismos españoles fue gestionada tras una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que permitió articular esfuerzos con instituciones internacionales. Las pruebas provenientes de Málaga podrían ser decisivas para esclarecer los movimientos sospechosos de personas vinculadas al entorno de D’Onofrio, en especial de la concejala Claudia Pombo.
Viajes sospechosos y un esquema bajo la lupa
La concejala Claudia Pombo, quien recientemente renunció a la titularidad del Concejo Deliberante de Pilar, es señalada por realizar al menos cinco viajes a Málaga entre septiembre de 2022 y julio de 2024, los cuales levantaron sospechas por su frecuencia y posibles motivos. Además, se detectaron otros desplazamientos internacionales, incluyendo cinco vuelos a Estados Unidos, uno a Brasil y otro a Uruguay.
En paralelo, la causa también involucra a otros imputados: Fernando Asencio, exdirector de Fiscalización y Control; Agustina Cuadra, hija de Pombo; Mario Quattrochi, juez de faltas; Roxana Elma Pombo, hermana de la concejala; y Héctor Marcelo Suárez Basail, medio hermano de Pombo y empleado de la Cámara de Diputados bonaerense, quien percibe un sueldo cercano a los dos millones de pesos mensuales.
Dos frentes de investigación
El caso está dividido en varias líneas de investigación. En La Plata, el fiscal Álvaro Garganta lleva adelante un expediente que analiza el patrimonio de los involucrados, mientras que en el juzgado federal de Campana se indaga sobre el presunto lavado de activos.
Uno de los aspectos más delicados de la causa apunta a un posible esquema de recaudación millonaria mediante fotomultas. Según los investigadores, podría existir un sistema paralelo en el que se ofrecía la eliminación de infracciones de tránsito a cambio de comisiones ilegales. La Justicia busca determinar si D’Onofrio tuvo algún grado de participación en esta estructura.
Un caso de impacto político y judicial
La decisión de habilitar la feria judicial refleja la urgencia y complejidad de un expediente que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político bonaerense. La conexión entre los viajes internacionales, las acusaciones de corrupción y los presuntos desvíos de fondos pone bajo escrutinio tanto a D’Onofrio como a su círculo cercano.
Por ahora, la investigación continúa, y se espera que la información desde España ayude a arrojar luz sobre los nexos y movimientos que sustentan las sospechas de la Justicia.
