Desde el 1° de enero, los grandes comercios están obligados a detallar en los tickets el IVA y los impuestos internos incluidos en cada compra, en el marco del Régimen de Transparencia Fiscal aprobado con la Ley Bases. Sin embargo, a partir del 1° de abril, la normativa se ampliará a todos los comercios y sumará una exigencia adicional: el desglose de impuestos deberá aparecer también en los flejes de góndola, cartelería, sitios web y cualquier tipo de publicidad.
Ante la inminente entrada en vigencia de esta disposición, distintos sectores empresarios han manifestado su preocupación y advirtieron sobre las dificultades para cumplir con los nuevos requisitos en tiempo y forma. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) envió una nota al subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, solicitando una prórroga para la implementación del régimen, argumentando que muchas empresas aún no lograron adecuarse a las exigencias operativas y tecnológicas.
Los desafíos de la nueva normativa
Si bien la CAC expresó su apoyo a la iniciativa en términos generales, destacando que la exhibición detallada de los impuestos fomenta la conciencia tributaria en la población, también alertó sobre los desafíos que enfrenta el sector para implementarla.
Uno de los sectores más afectados es el hotelero-gastronómico, cuyos representantes sostienen que la exhibición del precio con el desglose de impuestos en gráficas, redes sociales y publicidad resulta difícil de aplicar. Según explicaron, la normativa exige que el precio total aparezca en un tamaño destacado y, en un tamaño menor, el precio sin impuestos nacionales. Aunque el Gobierno asegura que el mecanismo es simple, los empresarios afirman que necesitan más tiempo para adaptar sus sistemas de facturación y publicidad.
En el sector supermercadista, la principal dificultad radica en el reetiquetado de miles de productos. La CAC detalló que, dependiendo de la cadena, se deben actualizar entre 4.000 y 18.000 referencias de productos, en algunos casos con diferencias de precios por jurisdicción. Esto supone una inversión considerable en términos de recursos humanos y costos operativos, lo que hace prácticamente imposible cumplir con la fecha establecida sin generar disrupciones en la actividad comercial.
El comercio electrónico enfrenta un obstáculo adicional: muchas plataformas no están preparadas para mostrar los precios con el desglose impositivo requerido. La CAC advirtió que la mayoría de los sitios web solo están configurados para recibir los precios finales y no realizan cálculos adicionales para determinar el valor sin impuestos. Esto implicaría el desarrollo de nuevas herramientas informáticas desde cero, lo que requiere una inversión y tiempo que no están disponibles antes del 1° de abril.
La negativa del Gobierno a postergar la medida
Pese a los pedidos del sector privado, fuentes oficiales confirmaron que el plazo no será extendido y que la normativa entrará en vigencia en la fecha prevista. Desde el Ejecutivo sostienen que las empresas tuvieron tiempo suficiente para adaptarse y que una prórroga solo generaría incertidumbre en su aplicación. Además, remarcan que la medida es clave dentro de la política de transparencia fiscal y reducción del gasto público impulsada por el Gobierno.
La CAC había solicitado una extensión de dos meses para las pequeñas y medianas empresas y de un mes para las grandes compañías, lo que llevaría la implementación efectiva al 1° de junio para las pymes y al 1° de mayo para el resto. Sin embargo, ante la negativa del Gobierno, los comercios deberán acelerar su proceso de adecuación en las próximas semanas para evitar sanciones.
La posible ampliación a impuestos provinciales y municipales
Más allá de la exigencia a nivel nacional, el Régimen de Transparencia Fiscal también invita a las provincias a adherirse para que el desglose de impuestos incluya tributos locales, como ingresos brutos y tasas municipales. La implementación de este esquema en todo el país dependerá de la voluntad de los gobernadores y legislaturas provinciales.
Según explicó Matías Olivera Vila, presidente de Lógica, la ONG que impulsó el régimen, «las provincias están obligadas a adherirse con base en los mandatos constitucionales que garantizan el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz».
Lógica envió una carta a los 24 gobernadores consultando si planean implementar el régimen en sus jurisdicciones. La respuesta de cada provincia se hará pública el 1° de marzo, aunque algunas ya han manifestado su intención de adherir a través de decretos.
