El Gobierno nacional, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), rechazó el pedido de Cristina Kirchner de sustituir los embargos sobre sus bienes en la causa Hotesur – Los Sauces por propiedades de su patrimonio. La solicitud había sido presentada por su abogado, Carlos Beraldi, quien argumentó que los activos ofrecidos cubrían el monto cautelado de más de 2.200 millones de pesos.
El rechazo de la UIF se suma a la creciente presión judicial sobre la expresidenta, en un contexto donde la Corte Suprema ratificó el avance del juicio oral contra la familia Kirchner por lavado de dinero. La medida también se da en medio de la disputa por la quita de su jubilación de privilegio, lo que ha intensificado el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el gobierno de Javier Milei.
La acusación y el pedido de la defensa
El expediente de la causa Hotesur – Los Sauces investiga una maniobra de lavado de dinero en la que las empresas inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner habrían funcionado como «pantallas societarias» para el reciclaje de fondos provenientes de la obra pública adjudicada a Lázaro Báez. La acusación sostiene que los ingresos reportados por estas firmas no tenían sustento comercial genuino, sino que representaban un esquema de retorno de fondos al patrimonio de los Kirchner.
En ese marco, Beraldi presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 5 solicitando la sustitución de los embargos por bienes inmuebles y activos financieros de la familia Kirchner. También pidió que las medidas cautelares sobre Florencia Kirchner fueran levantadas, dado que la joven fue sobreseída en el caso y no enfrentará juicio.
El planteo señala que, debido a la extensión de las medidas judiciales, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner no pueden disponer libremente de sus bienes ni administrar sus empresas. Además, denuncia que los embargos son «desproporcionados» y limitan el derecho de propiedad de los acusados.
Los bienes ofrecidos como garantía
Como alternativa a los embargos actuales, la familia Kirchner ofreció un conjunto de bienes cuya tasación, según su defensa, supera ampliamente el monto cautelado. Entre los activos propuestos figuran 4,6 millones de dólares depositados en cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, más de un millón de dólares en cuentas bancarias, así como un departamento y varias cocheras en el edificio Madero Center de Puerto Madero, propiedad de Los Sauces S.A.
La defensa indicó que, al convertir estos valores al tipo de cambio MEP, la oferta totaliza más de 11.500 millones de pesos, una cifra ampliamente superior al monto de los embargos originales. Con este planteo, los Kirchner buscan recuperar el control total sobre sus empresas, la administración de sus bienes y la posibilidad de realizar movimientos financieros sin restricciones.
El rechazo del Gobierno y el argumento de la UIF
El Tribunal Oral Federal 5 solicitó la opinión de la fiscalía y de la UIF, organismo encargado de la prevención del lavado de activos. En su respuesta, la UIF rechazó la solicitud, argumentando que los bienes ofrecidos como garantía también están bajo sospecha por su posible origen ilícito.
En su escrito, la UIF sostuvo que el sobreseimiento de Florencia Kirchner no modifica la situación procesal de Cristina y Máximo Kirchner ni de las empresas involucradas. Asimismo, remarcó que los activos propuestos para la sustitución de embargos no cumplen con los requisitos de una garantía suficiente, ya que están sujetos a posibles decomisos debido a su presunto vínculo con maniobras de lavado de dinero.
Fuentes judiciales explicaron que aceptar este pedido implicaría permitir que la familia Kirchner utilice bienes obtenidos presuntamente de actividades ilícitas para sortear las restricciones impuestas por la Justicia. Además, indicaron que la propuesta incumple con las exigencias legales para este tipo de medidas cautelares.
Un escenario judicial complicado para CFK
La negativa de la UIF complica aún más la situación judicial de Cristina Kirchner, quien deberá afrontar el juicio oral por lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces. La Corte Suprema ya dejó firme la decisión de la Cámara de Casación que revocó los sobreseimientos y ordenó que el caso se dirima en un debate público.
En paralelo, la expresidenta enfrenta otra batalla legal por la suspensión de su jubilación de privilegio, medida adoptada por el gobierno de Milei. En medio de este conflicto, Cristina Kirchner lanzó una dura crítica al mandatario y a su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acusándolos de «persecución política».
