El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo de Martín Cormick, que impide al Gobierno retirar los planes sociales a quienes participen en piquetes y manifestaciones que interrumpan la circulación. Desde la Casa Rosada cuestionaron el fallo y señalaron que «favorece el caos y la extorsión de las organizaciones sociales».
La apelación, que se presentará en los próximos días, busca restablecer la Resolución 84/2024, que establece causales de egreso de los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, incluyendo la exclusión inmediata de quienes obstruyan el tránsito o participen en actos de violencia. Para el Gobierno, la decisión judicial beneficia a las agrupaciones piqueteras y dificulta la lucha contra la intermediación en los planes sociales.
El fallo judicial y los argumentos del Gobierno
La resolución del juez Cormick suspende parcialmente los artículos que establecen la baja automática de beneficiarios en caso de bloquear calles o participar en disturbios. Argumenta que «revisten indicios de ilegitimidad» porque no garantizan el derecho de defensa y podrían causar «daños irreparables» a los beneficiarios.
En respuesta, el Ministerio de Capital Humano rechazó estos fundamentos y advirtió que la medida es una concesión a los movimientos sociales que lucran con la necesidad de las personas. «La vulnerabilidad económica no justifica la impunidad ni la violación de derechos ajenos», señalaron fuentes oficiales. Asimismo, desde el Ejecutivo recordaron que en numerosas causas judiciales se ha demostrado que dirigentes piqueteros han forzado a beneficiarios a asistir a marchas bajo amenaza de quitarles los planes sociales. La eliminación de la intermediación, uno de los pilares de la gestión de Pettovello, busca poner fin a estas prácticas.
La eliminación de Potenciar Trabajo y los cambios en los planes sociales
El Gobierno eliminó el programa Potenciar Trabajo y lo reemplazó por dos nuevas iniciativas. Volver al Trabajo, orientado a mejorar la empleabilidad con capacitaciones y apoyo a emprendimientos, quedó bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Acompañamiento Social, administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, está dirigido a personas en situación de extrema vulnerabilidad, como mayores de 50 años sin ingresos, mujeres con cuatro o más hijos y quienes trabajen en unidades de gestión estatal. Además, se desvinculó el monto de los planes del salario mínimo, vital y móvil, reduciendo su impacto en el gasto público y eliminando los beneficios adicionales que incentivaban la dependencia de estos programas.
La Casa Rosada también implementó la política de “El que corta no cobra”, aplicada con éxito desde diciembre de 2023. La medida fue clave para frenar las primeras protestas contra el Gobierno, organizadas por el Polo Obrero y otras agrupaciones de izquierda.
El rol de la Justicia y la postura del Gobierno
El Ejecutivo cuestionó la decisión del juez Cormick y anticipó que llevará el caso a instancias superiores. Consideran que su fallo no solo protege a las organizaciones piqueteras, sino que también ignora la voz de miles de beneficiarios que han denunciado extorsiones por parte de sus dirigentes.
La ministra Patricia Bullrich, por su parte, reforzó la aplicación del protocolo antipiquetes para garantizar la libre circulación y habilitó la línea 134 para que beneficiarios denuncien presiones o amenazas. Hasta la fecha, se recibieron casi 200.000 denuncias, algunas de las cuales derivaron en causas judiciales contra dirigentes como Eduardo Belliboni, procesado por extorsión y administración fraudulenta. Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmaron su compromiso con el orden y la transparencia en la asistencia social. «No vamos a permitir que quienes cortan calles o recurren a la violencia sigan recibiendo planes financiados por los impuestos de los argentinos», concluyeron fuentes oficiales.
