El Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza por estas horas los términos de un nuevo programa de Facilidades Extendidas para la Argentina, que podría firmarse antes de fin de abril. Aunque el Gobierno tiene asegurado el respaldo político de Estados Unidos y el visto bueno técnico del staff, en el directorio persisten dudas. ¿El motivo? La reacción política del kirchnerismo, el mismo actor que socavó los programas anteriores y que aún conserva poder territorial y legislativo.
En el entorno de Javier Milei destacan el alineamiento con la Casa Blanca y la interlocución directa con Donald Trump como un activo estratégico. Sin embargo, algunos directores europeos anticiparon reparos durante la presentación informal que Kristalina Georgieva hará en los próximos días. El eje de la discusión no pasa solo por las metas fiscales o los montos del desembolso, sino por una cuestión que históricamente ha sido crítica para el FMI: el respaldo político del país deudor.
El criterio que falló con Macri y Alberto
El organismo multilateral establece cuatro criterios clave para otorgar programas de acceso excepcional como el que busca Argentina: crisis de reservas, sostenibilidad de deuda, acceso futuro a los mercados, y respaldo político para implementar el programa. Este último punto –el llamado ownership institucional– fue el talón de Aquiles de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Ambos lograron cerrar acuerdos formales con el FMI, pero la falta de acompañamiento interno derivó en incumplimientos sistemáticos. En los dos casos, el factor común fue la presión constante del peronismo liderado por Cristina Kirchner, que boicoteó desde dentro y desde afuera cualquier intento de ajuste o reordenamiento macroeconómico.
Hoy, ese mismo peronismo vuelve a tensionar la escena. El reciente debate por el DNU que avala el nuevo entendimiento con el Fondo dejó en evidencia la fragilidad institucional: el dictamen en la Comisión Bicameral salió por un solo voto y la media sanción en Diputados se logró con apenas 129 votos a favor. Lejos de una mayoría contundente, el panorama legislativo aparece dividido y con el kirchnerismo operando como bloque de veto.
Temores en el directorio del Fondo
El antecedente pesa. En el FMI todavía recuerdan cómo terminaron los programas anteriores: incumplidos, desgastados por internas políticas y con el organismo expuesto a críticas internacionales. La expectativa ahora es no repetir la historia. Por eso, algunos directores europeos preparan objeciones técnicas y condiciones específicas para asegurarse que el nuevo programa no termine siendo “otro cheque sin respaldo”, como ocurrió en 2018 y 2022.
Según fuentes diplomáticas, los planteos se centrarán en no sobredimensionar los desembolsos, evitar flexibilidad excesiva en las metas y condicionar los DEG (Derechos Especiales de Giro) a objetivos concretos. También hay preocupación por el rechazo opositor al acuerdo, incluso antes de conocerse sus detalles.
Milei apuesta al respaldo de Trump
Aun con ese escenario, en la Casa Rosada confían en cerrar el nuevo programa sin renunciar al rumbo económico. El ministro Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mantuvieron una negociación sostenida con Georgieva. El objetivo: asegurar un monto que permita fortalecer reservas y avanzar hacia la eliminación del cepo.
En paralelo, Milei sigue de cerca cada movimiento. Si el directorio plantea trabas o limitaciones de último momento, el Presidente no descarta hacer una gestión directa en la Casa Blanca para que Trump, o su entorno, aceleren el respaldo. No es una jugada menor: Estados Unidos tiene el mayor peso dentro del board del Fondo, y ya dio señales claras de apoyo al gobierno libertario.
Un acuerdo condicionado por la política local
En Washington hay reconocimiento al esfuerzo fiscal, al superávit financiero y al ajuste llevado adelante por el oficialismo. Pero también hay memoria institucional: el recuerdo de Macri y Fernández, ambos doblegados por la falta de consenso interno y por un aparato político que opera desde la resistencia, condiciona la mirada de los técnicos.
En ese sentido, el kirchnerismo aparece como la variable de riesgo que podría debilitar la implementación del acuerdo. No por capacidad de gestión, sino por su historial de sabotaje político y desestabilización económica cada vez que no controla el Ejecutivo.
