El gasto público registró un incremento en febrero, impulsado por la actualización de jubilaciones y programas sociales atados a la inflación, lo que los vuelve menos flexibles a los ajustes. Ante este escenario, el Gobierno profundizó los recortes en subsidios, salarios públicos y obra pública, esta última prácticamente desactivada dentro del presupuesto.
Según un informe de la consultora Analytica, basado en datos oficiales devengados, el gasto primario creció un 10,8% interanual en febrero. Aunque representa una desaceleración respecto del 21% de enero, la tendencia sigue en alza. En el primer bimestre, el crecimiento del gasto alcanzó el 15,5% comparado con el mismo período de 2024.
Las mayores subas se observaron en las transferencias a provincias, que aumentaron un 49,9%, y en las asignaciones familiares y la AUH, que crecieron un 35%. En tanto, jubilaciones y pensiones avanzaron un 32,1%. Sin embargo, los recortes en obra pública (-68,3%) y en subsidios económicos (-55,6%) fueron los rubros que más contribuyeron a contener el gasto, con fuertes ajustes en energía (-59,3%) y transporte (-50%).
La fórmula previsional y su impacto en el gasto
El incremento del gasto previsional estuvo marcado por la aplicación de la nueva fórmula jubilatoria. En febrero, el gasto en haberes creció un 38% interanual, lo que elevó el haber mínimo un 54,8% en términos reales. No obstante, la pérdida de poder adquisitivo en los refuerzos previsionales sigue siendo un factor clave, con una caída del 23,7% en el último año.
Según Analytica, sin los bonos adicionales, el haber mínimo cubre el 110% de la canasta básica total para un adulto mayor, mientras que con el bono alcanza el 139%. Si la inflación continúa desacelerándose, el gasto en jubilaciones y pensiones podría aumentar un 12,9% anual. En cambio, si la inflación se acelera, el crecimiento se reduciría al 6,6%, debido al rezago en la actualización de los haberes, que siguen el índice inflacionario de dos meses atrás.
El desafío del ajuste fiscal en 2025
El Gobierno mantiene su objetivo de equilibrio fiscal, aunque enfrenta un escenario diferente al de 2024, cuando ingresos extraordinarios contribuyeron a mejorar las cuentas públicas. La previsión oficial estima un crecimiento económico del 5%, lo que podría favorecer la recaudación tributaria.
Uno de los primeros impactos en la recaudación será la reducción de alícuotas en los derechos de exportación. Según cálculos oficiales, esta medida tendrá un costo fiscal de aproximadamente USD 800 millones, aunque estimaciones privadas elevan ese monto por encima de los USD 1.000 millones, dependiendo del ritmo de liquidaciones.
Para la consultora SBS, la desaceleración de la inflación reducirá el impacto de la «licuadora», por lo que el Gobierno deberá acelerar los recortes en otras áreas. «Todavía hay margen para ajustes en el gasto salarial y los subsidios económicos», señalaron.
En la misma línea, Empiria advirtió que replicar en 2025 el superávit financiero del 0,3% del PBI logrado en 2024 será un desafío. «El Gobierno deberá compensar ingresos que ya no estarán este año, como el impuesto PAIS, y afrontar el crecimiento automático de jubilaciones y la AUH, lo que suma un déficit inercial de 1,8% del PBI», explicó el informe.
El FMI y la sostenibilidad del ajuste
El perfil del ajuste fiscal es un tema central en las negociaciones con el FMI para alcanzar un nuevo acuerdo. El Gobierno destaca que el sobrecumplimiento de las metas fiscales en 2024 es una carta a su favor en las conversaciones, pero el organismo tiene sus propias exigencias sobre cómo deben estructurarse las cuentas públicas.
En su último informe, publicado en enero, el staff del FMI reconoció la rapidez con la que la administración de Javier Milei logró el superávit primario, aunque advirtió que el ajuste debe volverse más sostenible. «Para consolidar la estabilización macroeconómica, será necesario ampliar el esfuerzo fiscal y mejorar las condiciones sociales para fortalecer la aceptación de la población», indicaron los técnicos.
El organismo también remarcó que buena parte del ajuste inicial se logró mediante recortes en el gasto discrecional, como la inversión pública y los salarios, además de medidas temporales de ingresos como el impuesto PAIS. En su evaluación, el Fondo recomendó que «la sostenibilidad fiscal debe abordarse mediante reformas estructurales, incluyendo la actualización automática de tarifas energéticas, la mejora en el sistema previsional, la reducción de la masa salarial del sector público y la simplificación del sistema tributario».
