Con más de cinco décadas de vigencia, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego se ha mantenido intacto a lo largo de los años, sin importar los cambios de gobierno, las oscilaciones ideológicas ni los recientes ajustes impulsados por la administración libertaria. Pese a su elevado costo fiscal, que supera los USD 1.000 millones anuales, el esquema que fomenta la industria electrónica y otros sectores continúa vigente, con un fondo fiduciario propio que logró sortear los recortes aplicados a otros fideicomisos.
Las empresas beneficiadas acceden a exenciones en el Impuesto a las Ganancias, el IVA y otros tributos, lo que ha generado críticas sobre el destino de estos fondos y su impacto en la economía. En 2021, el programa fue extendido hasta 2053, con la condición de que en 2038 se realice una evaluación de su desempeño.
El impacto fiscal y las críticas al modelo
El régimen, instaurado en 1972 con el objetivo de fomentar el crecimiento poblacional y el empleo formal en la isla, ha sido cuestionado por su alto costo y por la falta de un desarrollo industrial con mayor integración nacional. Según un informe del centro de estudios Fundar, el subrégimen industrial representa un gasto fiscal de USD 1.070 millones anuales, equivalente al 0,22% del PBI.
Para dimensionar su magnitud, el estudio señala que esta cifra duplica el presupuesto anual del CONICET en 2021 (USD 435 millones) y equivale al 87% del gasto público en Ciencia y Tecnología.
Uno de los puntos más cuestionados es la estructura de costos del régimen, que encarece los precios de productos electrónicos en comparación con mercados vecinos como Chile o Brasil. Además, la producción en la isla depende en gran medida de insumos importados, sin exigencias de contenido nacional que favorezcan la generación de valor agregado local.
El sector, que abastece más del 90% del mercado interno de celulares y produce televisores, microondas y aires acondicionados, está dominado por empresas como Newsan, Mirgor, BGH y Radio Victoria, entre otras.
Exenciones impositivas y el costo para los consumidores
El modelo de promoción industrial otorga beneficios que incluyen la exención de aranceles a la importación, con un impacto fiscal estimado en USD 436 millones anuales. Además, el IVA no aplicado representa una renuncia tributaria de USD 630 millones.
Otro beneficio diferencial es la reducción de impuestos internos, que implica un costo fiscal de USD 20 millones. Sin embargo, las exenciones en Ganancias y en el impuesto al cheque no se incluyeron en el cálculo de Fundar. Esto que sugiere que el costo real del régimen podría ser aún mayor.
El economista Lucas Llach, asesor del Ministerio de Desregulación, fue uno de los más críticos del esquema. “No solo nos hace pagar todo más caro, sino que además impulsa la migración de provincias más pobres a la más rica”, advirtió.
Desde la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne calificó al régimen como un ejemplo de “intervencionismo ineficiente y costoso”, que durante décadas benefició a unas pocas empresas a expensas de los consumidores.
El fideicomiso que esquivó la “motosierra”
A pesar de los ajustes aplicados por el Gobierno en distintos programas, el fondo fiduciario específico que complementa el régimen industrial de Tierra del Fuego logró mantenerse. Creado en 2022, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) se financia con un aporte equivalente al 15% del IVA que las empresas del régimen no pagan y cuenta con un presupuesto de $185.000 millones.
Mientras que otros fideicomisos se eliminaron en el marco del ajuste fiscal, el fondo fueguino sigue vigente y destina sus recursos a proyectos productivos y obras de infraestructura. Sin embargo, el Gobierno evitó responder a un pedido de información del diputado Juan Manuel López sobre la distribución estos fondos.
