En medio de la discusión por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las demandas de los jubilados por una actualización de haberes, el sistema previsional argentino vuelve a estar bajo la lupa. Uno de los focos del debate gira en torno a los regímenes especiales, que abarcan solo al 4% de los beneficiarios, pero absorben más del 12% del gasto total en jubilaciones.
Según un informe del CIPPEC, más de 250.000 personas están incluidas en estos sistemas de excepción, con haberes promedio cercanos a los $1,5 millones. En contraste, los casi siete millones de jubilados del régimen general perciben ingresos que no superan los $410.000 mensuales, en su mayoría por debajo de la línea de pobreza.
El costo de los regímenes especiales
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registra 6.909.648 jubilados en el régimen general, mientras que 253.748 perciben haberes por regímenes especiales. Aunque representan apenas el 4% del universo total, este grupo consume $397.250 millones mensuales, equivalente al 12% del presupuesto previsional. En cambio, el 96% de los jubilados insume el 88% del gasto total, unos $2,8 billones.
Entre los regímenes especiales se destacan docentes no universitarios (189.041 beneficiarios con un haber promedio de $1,4 millones), empleados del sindicato de Luz y Fuerza, docentes universitarios, investigadores científicos y tecnológicos, ex miembros del Poder Judicial, diplomáticos y extrabajadores de Yacimientos Carboníferos, con ingresos que llegan en algunos casos a superar los $8 millones mensuales.
Un sistema desigual y costoso
El informe del CIPPEC identificó cerca de 200 regímenes previsionales de excepción, que impactan directamente en la equidad del sistema. Según sus estimaciones, los beneficiarios de estas jubilaciones perciben haberes 65% superiores al promedio del régimen general. Esto genera tensiones no solo fiscales sino también sociales, ya que los recursos destinados a estos sectores no pueden utilizarse para ampliar la cobertura ni mejorar los ingresos de la mayoría de los jubilados.
El gasto previsional en Argentina ronda el 10% del PBI, un nivel que supera ampliamente al promedio internacional, que oscila entre el 6% y el 7%. En este escenario, el Gobierno decidió comenzar a revisar el sistema y dio el primer paso con el fin de la moratoria, en busca de ordenar una estructura que representa el 88% del gasto presupuestario nacional.
Cinco categorías de regímenes
El CIPPEC clasificó los regímenes especiales en cinco grandes grupos. Diferenciales: destinados a quienes tuvieron trabajos arduos o peligrosos, que podrían causar envejecimiento prematuro. Especiales: otorgados por méritos extraordinarios. Para Fuerzas Armadas y de Seguridad: administrados por entidades independientes y justificados por mérito y especificidad del trabajo. Provinciales y cajas profesionales independientes: con fundamento en diferencias históricas y legales. Pensiones no contributivas: dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad (invalidez, madres de siete hijos), por mérito (expresidentes, jueces de la Corte Suprema, ganadores de medallas olímpicas y premios Nobel) o en compensación (excombatientes de Malvinas, víctimas de terrorismo de Estado), entre otros.
En todos los casos, el organismo advierte sobre la necesidad de revisar los criterios y reducir la fragmentación del sistema. «Es necesario discutir cuáles realmente requieren un régimen especial y cuáles deben integrarse al régimen general», sostuvo el informe.
El desafío de una reforma previsional integral
La falta de equidad, la superposición de beneficios y el peso fiscal que representan los regímenes de excepción dificultan la sostenibilidad del sistema. Por eso, desde el CIPPEC impulsan una reforma estructural que reduzca estos beneficios especiales, amplíe la base del régimen general y garantice mecanismos de financiamiento más transparentes.
Mientras tanto, millones de jubilados siguen percibiendo ingresos muy por debajo del costo de vida. Con un haber mínimo de $343.087 (incluido el bono extraordinario), la mayoría está lejos de alcanzar los $1,2 millones necesarios para cubrir la canasta básica para adultos mayores, según la Defensoría de la Tercera Edad.
