Dirigentes de distintos movimientos sociales y políticos han presentado una medida cautelar para frenar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, firmado por el presidente Javier Milei. Dicho decreto aprueba un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que ha generado un fuerte rechazo en distintos sectores de la oposición y la sociedad civil.
Los impulsores de la medida sostienen que el decreto es inconstitucional y que vulnera principios fundamentales de la República. Entre los firmantes de la presentación se encuentran Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, Jonatan Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Marcos Zelaya, abogado especialista en derecho y nuevas tecnologías, y María Eva Koutsoviti, ingeniera y activista urbana.
Según el comunicado difundido por estos dirigentes, el decreto viola varios artículos de la Constitución Nacional, incluyendo los artículos 4, 29, 75 y 93, además de atentar contra el principio de división de poderes. En ese sentido, consideran que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para aprobar unilateralmente un acuerdo de crédito público de esta magnitud sin la intervención del Congreso.
Argumentos de los demandantes
Los impulsores de la medida argumentan que la aprobación del acuerdo con el FMI mediante un DNU representa un avance indebido del Poder Ejecutivo sobre las competencias del Poder Legislativo. De esa manera, sostienen que el decreto en cuestión debe ser declarado nulo e inconstitucional.
Además, destacan que la operación de crédito público que se pretende realizar compromete de manera directa el futuro económico del país. Bajo ese marco, los demandantes exigen que se suspendan todos los efectos del decreto y que se impida al Gobierno firmar cualquier tipo de acuerdo con el FMI sin la debida aprobación parlamentaria.
En el documento presentado ante la Justicia, los dirigentes subrayan que la utilización de un DNU para aprobar un endeudamiento de este tipo no solo viola la Constitución, sino que también pone en riesgo la transparencia y la legitimidad del proceso. Por ello, solicitan una intervención urgente de la Justicia para evitar que el decreto entre en vigencia y produzca consecuencias económicas irreversibles.
Reacciones y contexto político
La presentación de esta medida cautelar se da en un contexto de creciente tensión política y social. La política económica del gobierno de Javier Milei ha generado divisiones dentro del ámbito legislativo y ha sido motivo de numerosas protestas en distintos puntos del país.
Desde la oposición han señalado que este DNU es un intento del Presidente por eludir el debate parlamentario y avanzar con reformas sin el debido consenso. En tanto, desde el oficialismo defienden la medida como una necesidad para estabilizar la economía y cumplir con las obligaciones financieras de la nación.
A la espera de una respuesta judicial, el futuro del DNU 179/2025 sigue siendo incierto. Sin embargo, lo que está claro es que el debate sobre el acuerdo con el FMI y la forma en que fue aprobado continuará generando polémica en los próximos días.
DNU de la DEUDA
— Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) March 7, 2025
Desde su origen y, por lo general, en todas y cada una de las renegociaciones del endeudamiento de la Argentina, la ilegitimidad y los vicios de legalidad de este verdadero factor de dominación que es la deuda, han estado a la orden del día. No obstante, el… pic.twitter.com/nhflOvEibz
