El economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, junto a un grupo de abogados y dirigentes políticos, presentó una medida cautelar para suspender de inmediato el DNU 179/2025, con el que el Gobierno de Javier Milei busca avalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre los impulsores del amparo están Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Marcos Zelaya, experto en derecho y nuevas tecnologías, y María Eva Koutsovitis, ingeniera y fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Argumentan que el DNU es inconstitucional y piden que se declare su nulidad absoluta.
Según sostienen, el decreto viola varios artículos de la Constitución y el principio de división de poderes. También exigen que el Ejecutivo no firme con el FMI ninguna operación de crédito público basada en esta norma.
? Presentamos una MEDIDA CAUTELAR para que se suspenda el DNU de Milei que aprueba un nuevo endeudamiento con el FMI.
— Jonatan E Baldiviezo (@jonatanbaldivie) March 11, 2025
Exigimos que se declare su nulidad e inconstitucionalidad por violar la Constitución Nacional y el principio de división de poderes. ?? pic.twitter.com/Jrfn2vVCcj
Principales fundamentos de la presentación
Uno de los puntos clave es la auto-delegación de facultades legislativas. Denuncian que el Ejecutivo aprueba operaciones de crédito público sin definir los términos del programa ni establecer límites. Esto, según afirman, infringe los artículos 4, 75 y 76 de la Constitución Nacional.
También sostienen que el DNU viola el artículo 76, ya que no cumple con los requisitos de delegación de facultades. No se especifican plazos ni bases para la negociación, lo que impediría la intervención del Congreso.
Pedimos como MEDIDA CAUTELAR la suspensión del DNU 179/2025 y que se ordene al Poder Ejecutivo a NO firmar ningún nuevo acuerdo de deuda con el FMI bajo este decreto.
— Jonatan E Baldiviezo (@jonatanbaldivie) March 11, 2025
¡Basta de decisiones inconsultas que hipotecan el futuro del país! ??
Además, indican que el decreto incumple el artículo 99 inciso 3. Argumentan que no hay una justificación válida para evitar el trámite legislativo, ya que el Congreso está en sesiones. Consideran que no existe una urgencia real que impida su intervención.
Otro punto de la denuncia es la posible violación del artículo 29. Según los denunciantes, el Poder Ejecutivo se atribuye facultades ilimitadas para endeudar al país. Esto, advierten, podría poner en riesgo la estabilidad financiera de Argentina.
La medida judicial busca frenar el avance del DNU y evitar que el gobierno de Javier Milei tome decisiones sin control parlamentario. La resolución de la Justicia será clave para definir el futuro del acuerdo con el FMI.
