El discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso encendió las alarmas en la Confederación General del Trabajo (CGT). Su referencia a la necesidad de «profundizar el camino» de la reforma laboral, iniciado con la Ley Bases y el DNU 70, puso en alerta a la cúpula sindical, en especial al ala dialoguista, que considera este tema como un punto de quiebre en la relación con el Gobierno.
La central obrera ya había reaccionado con paros generales en los primeros 150 días de gestión, pero hasta ahora se mantenía en una postura expectante. Sin embargo, la posibilidad de que el oficialismo impulse una nueva reforma laboral sin su participación llevó a la CGT a reclamar un espacio en la negociación.
El sindicalismo se pone en guardia
El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), intentó minimizar la situación al sostener que «una cosa es el discurso y otra lo que realmente va a suceder». En declaraciones a Infobae, afirmó que «por ahora no ha habido ningún mensaje del Gobierno diciendo ‘miren que viene esto o aquello’». No obstante, reconoció que el sindicalismo no está dispuesto a ceder derechos: «Nuestra postura es clara: ni un paso atrás».
Martínez insistió en que la CGT está dispuesta a debatir sobre la modernización del mercado laboral, pero sin que eso implique una reducción de los derechos adquiridos. Además, remarcó la falta de diálogo por parte del Gobierno: «Así como el Presidente negocia con el FMI, debe sentarse con los trabajadores a discutir las propuestas. No son dueños de la verdad y cuando se tocan intereses, tiene que haber negociación».
En el ala más conciliadora de la CGT, que mantiene diálogo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, consideran que el Gobierno no avanzará con una reforma sin buscar consenso. Sin embargo, reconocen que no tienen garantías de ser consultados antes de que el proyecto se presente en el Congreso.
Las iniciativas que preocupan a la CGT
Uno de los proyectos que inquieta a la dirigencia sindical es la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, impulsada por la diputada Romina Diez (LLA) junto con otros 14 legisladores oficialistas, entre ellos José Luis Espert y Gabriel Bornoroni. El texto busca «impulsar el crecimiento de las empresas, potenciar las exportaciones, formalizar el empleo y generar cambios profundos en materia laboral».
Desde el sindicalismo, lo ven como una amenaza, ya que propone modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo que ya habían sido incluidas en el DNU 70 y luego frenadas por la Justicia. Entre sus puntos más polémicos, habilita a los empleadores a modificar unilateralmente las condiciones laborales y le otorga al trabajador solo la opción de considerarse despedido y reclamar una indemnización si no está de acuerdo.
Además, el proyecto plantea una flexibilización extrema en el otorgamiento de vacaciones, permite que los convenios colectivos modifiquen la jornada laboral sin un límite máximo y endurece las condiciones para acceder a licencias por enfermedad.
Pero la mayor preocupación de la CGT no está en esta iniciativa, sino en otro proyecto que amenaza su estructura de poder: la Ley de Democracia Sindical. Impulsada por diputados del PRO y la UCR, propone eliminar la reelección indefinida de los gremialistas, prohibir la cuota solidaria que financia a los sindicatos, garantizar la representación de las minorías en los cuerpos directivos, exigir la presentación de declaraciones juradas y transparentar la administración de las obras sociales.
Aunque esta propuesta perdió estado parlamentario en noviembre pasado, sus impulsores planean reintroducirla este año. En la CGT creen que la iniciativa no prosperará porque no hay consenso suficiente en el Congreso, pero temen que si Milei logra un amplio triunfo en las elecciones legislativas de 2025, el panorama cambie drásticamente en 2026.
El dilema del Gobierno: avanzar o negociar
El oficialismo aún no ha dado señales claras sobre la estrategia que adoptará para impulsar la reforma laboral. Sin embargo, en el Congreso algunos legisladores libertarios ya han manifestado su intención de priorizar estos cambios en el primer semestre de 2025.
En este escenario, la CGT enfrenta un dilema: endurecer su postura con nuevas medidas de fuerza o intentar abrir un canal de diálogo con el Gobierno para incidir en la discusión. Hasta el momento, la estrategia parece ser la de presionar públicamente para ser parte de la negociación, pero sin una señal clara de la Casa Rosada, el choque parece inevitable.
